Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha están en pie de guerra contra el presidente Emiliano García-Page. Denuncian que Geacam, la empresa pública receptora de "500 millones de euros desviados de la PAC", ha sido víctima de un ataque informático y ahora temen que los datos de "cien mil agricultores y ganaderos de la región obren en poder" de piratas informáticos. Además, el hackeo ha retrasado los pagos adelantados de los ecorregímenes, por lo que se preguntan si se trata de "desidia" por parte del gobierno de Page o existe "una intención de hundir el sector".
Hace aproximadamente un mes, Geacam sufrió un ataque informático y los autores del ciberataque pidieron 75.000 dólares por liberar los datos secuestrados. A día de hoy, el sistema ya está prácticamente restaurado, aunque se han perdido los documentos anteriores a mayo, cuando se hizo la última copia de seguridad. En cualquier caso, los agricultores y ganaderos temen que sus datos estén ahora en poder de ciberdelincuentes.
En un duro comunicado publicado por la Unión de Uniones de Ganaderos y Agricultores, los profesionales del campo manchego denuncian que "la Consejería de Agricultura ha delegado la monitorización a la empresa Geacam, cuestión que, según sentencia del Tribunal Supremo, es ilegal". La organización agraria reconoce que desconoce si la sentencia del Supremo crea norma, pero en todo caso piensa que "resulta cuando menos irregular que se retiren competencias a los funcionarios y se den a trabajadores del ámbito privado en una empresa financiada con fondos públicos que vienen de la Unión Europea destinados a el sector agropecuario".
"Si ya resulta escandaloso el encargo de la administración pública a una empresa privada de la tramitación de expedientes administrativos suplantando a los funcionarios, lo es más cuando datos confidenciales se trasladan a una empresa. Números de cuenta, direcciones, DNI, importes... todos estos datos podrían estar en manos de piratas informáticos, con las consecuencias que esto podría tener. Y todo por una presunta ilegalidad cometida por la Consejería de Agricultura, es decir, por el consejero", denuncia en su comunicado la organización agrícola.
Los agricultores acusan al Ejecutivo de Emiliano García-Page de pagar con fondos europeos la extinción de incendios por parte de Geacam, a pesar de que los reglamentos comunitarios no lo permiten. Para ello, afirman, se habrían "desviado y malversado hasta 500 millones de euros de fondos europeos entre los años 2016 y 2023". El comunicado añade que esos 500 millones de euros, "además de no haber llegado al bolsillo de los agricultores, se han utilizado para fiscalizar al campesino".
El comunicado concluye exigiendo al consejero de Agricultura que "solucione esta situación, proceda al pago inmediato del 70% adeudado por los ecorregímenes y tome las medidas necesarias para depurar responsabilidades, además de corregir el desvío de fondos destinados al sector agropecuario a empresas ajenas a él a través de los fondos de desarrollo rural provenientes de la PAC".