En el laberinto político español, el Real Decreto Ley ómnibus 6/2023 destinado a cumplir los hitos para el cuarto desembolso de los fondos europeos, se ha convertido en un símbolo de la debilidad del gobierno y la dificultad de alinear una agenda nacional medianamente responsable con los intereses particulares de la amalgama de partidos y grupúsculos que sostienen a Sánchez. Esta situación no solo resalta la dependencia del gobierno central de los dictados de Junts sino que también evidencia una serie de deficiencias críticas en la capacidad de Sánchez para tramitar leyes y liderar las reformas asociadas al Plan de Recuperación.
No se puede olvidar que Sánchez se ve en esta situación y en la posibilidad de retrasar la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos o sufrir una penalización parcial por su propia incapacidad. Antes de finalizar 2022, el gobierno de España tenía que haber cumplido varios hitos claves como la reforma de la Ley de Regímenes Administrativos Locales, la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, y la Ley de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales.
Ni se alcanzaron en los plazos previstos, ni a lo largo del primer semestre de 2023, decayendo su tramitación con la convocatoria de las elecciones nacionales. Calviño se ha marchado del gobierno, pero mucha de su nefasta herencia la vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses, siendo la gestión de los fondos europeos uno de sus principales fracasos.
Ante la imposibilidad de pedir el cuarto desembolso sin el cumplimiento de estos hitos, el Gobierno tuvo que incluirlos entre los 69 objetivos del plan original modificados con la Adenda en octubre de 2023, por la incapacidad de cumplir los compromisos a los que Sánchez se había comprometido con la Comisión Europea.
El resultado, la sustitución de estas leyes por nuevos hitos de menor calado administrativo, evidenciando una reducción en la ambición inicial. La Ley de función Pública se sustituyó por la "entrada en vigor de medidas normativas relacionadas con los servicios públicos de la Administración del Estado" y la Ley de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales por la "entrada en vigor del Real Decreto-Ley con Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, y del Real Decreto-Ley de Eficiencia Digital".
Sánchez parece que se aplica a sí mismo el mismo rasero que su ley educativa a los malos estudiantes. Ante su incapacidad de aprobar el examen de Bruselas en la convocatoria de 2022, pide que le bajen el nivel de las materias para poder aprobar en una convocatoria extemporánea un año después. No hay más responsable que Sánchez si se retrasa la recepción del cuarto desembolso de 10.000 millones de euros.
Además, como el mismo Gobierno ha repetido en muchas ocasiones, los fondos se incluían en los Presupuestos Generales del Estado para acelerar su ejecución independientemente de cuándo se produzcan los desembolsos, por lo que debería revisar la tramitación de estos reales decretos, pactarlas con el principal grupo del Congreso de los Diputados y acceder a los fondos con una tramitación parlamentaria que evite la mala praxis y los atropellos que estamos viviendo con estos reales decretos ómnibus.
Acaba de empezar la legislatura y ya asistimos a las primeras tensiones y negociaciones entre Sánchez y sus socios. ¡Qué cara va a ser esta legislatura para los españoles! Más gasto por más cesiones, más deuda, más déficit y más impuestos para las empresas y las clases medias y trabajadoras. En la práctica, quienes tienen la última palabra en el gobierno son aquellos partidos con la capacidad de bloquear iniciativas clave y Junts está demostrando que Sánchez es preso de Puigdemont.
La situación actual deja varias preguntas abiertas que los lectores seguro serán capaces de responder. Primero, ¿el retraso en el cumplimiento de los hitos y la dependencia de apoyos externos es una señal de una falta de liderazgo del gobierno? Y segundo, ¿cómo afecta esta percepción a la imagen de España en el contexto de la Unión Europea, especialmente cuando se trata de la gestión y ejecución de unos fondos que son críticos para la transformación económica del país?
Mientras el debate sobre el decreto ómnibus se resuelve esta semana, lo que se evidencia es que la gestión de los fondos europeos está siendo un absoluto fracaso hasta ahora. Las dificultades para sacar adelante la tramitación de leyes críticas y la influencia de partidos como Junts en las decisiones del Gobierno de Sánchez son reflejo de unas crisis que van más allá de la burocracia: una crisis institucional, de liderazgo y visión.
La perspectiva es desalentadora. Es crucial que el gobierno reconsidere su estrategia o convoque elecciones, no solo para cumplir con los compromisos europeos sino también para fortalecer la confianza en España, en un contexto de regreso de las reglas fiscales y estancamiento en el crecimiento.