Sumar tiene el objetivo de limitar la industria turística española. Poniendo como excusa la cuestión climática, el partido de Yolanda Díaz ha propuesto el establecimiento de una nueva ecotasa dirigida al principal motor de la actividad económica en España. Concretamente, pretenden gravar las estancias turísticas e imponer un techo turístico a cada destino.
A ello debemos añadir, además, la particular cruzada que desde la formación de izquierda radical han emprendido contra el sector de la aviación, pues este miércoles se debatirá y someterá a votación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico la elaboración de un informe en el que se analicen el impacto medioambiental de la reducción de vuelos cortos y las medidas europeas para restringir vuelos privados.
Ecotasa turística
Una de las últimas ocurrencias de Sumar ha sido proponer una ecotasa que se aplicaría en todo el territorio español sobre las estancias turísticas. De acuerdo con el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el partido que lidera la ministra de Trabajo ha registrado una proposición no de ley para el establecimiento de este nuevo gravamen en la que se expresa que esta tasa debe "compensar" a la sociedad "por el coste medioambiental que supone el ejercicio de determinadas actividades que distorsionan o deterioran el medio ambiente en el territorio". Como publicamos en Libre Mercado, esta iniciativa ya se contenía en el "Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo 2024-2030" que propuso el pasado mes de diciembre.
Desde Sumar explican que esta iniciativa "contribuye inexcusablemente a mejorar las condiciones de vida de los territorios y por ende, de la sociedad española", y confían en que esta nueva tasa "puede ayudar a paliar uno de los principales problemas que genera el turismo de masas, el impacto sobre el territorio, lo que a la postre puede redundar en la adaptación del modelo turístico que permita generar unas condiciones de empleo diferentes y no introducir incentivos para que persista el alza de precios de las viviendas en las zonas turísticas".
Por ello, en concreto proponen establecer una mesa de trabajo que coordine las propuestas que se presenten en relación con esta materia. Según el grupo parlamentario de Sumar, este tributo debería permitir el fomento de "medidas de regeneración en los territorios en los que el territorio haya sido deteriorado por la actividad turística" y tendría que ser destinado "a gastos e inversiones vinculadas con el desarrollo, la protección medioambiental y el empleo".
Del mismo modo, Sumar propone "elaborar estudios que incorporen los ratios actuales de presión turística de cada Comunidad o Ciudad Autónoma, así como de los municipios turísticos", además de "impulsar la elaboración de un informe que certifique el impacto que tiene la actividad turística y su población flotante sobre la generación y gestión de residuos en todas las autonomías".
Al respecto, otra de las propuestas que hacen desde el partido de Yolanda Díaz es "poner a disposición de las autoridades turísticas municipales los recursos necesarios para acometer auditorías que acrediten el impacto sobre los servicios públicos" e "incorporar en los Presupuestos Generales del Estado partidas presupuestarias específicas para hacer frente a las contingencias sobrevenidas en zonas turísticas por los efectos sobre servicios públicos que prestan bajo su ámbito de competencia".
Asimismo, quieren incorporar en los Presupuestos Generales del Estado partidas que establezcan "ayudas al emprendimiento cooperativo que permita la distribución de la riqueza generada por la actividad turística en el territorio". No obstante, el delirio de Sumar también tiene por objetivo la limitación del turismo. Así, especifican que habría que "establecer límites razonables de techo turístico para cada destino turístico".
¿Y quiénes estarían sujetos a esta ‘ecotasa’? Tal y como expresan en su proposición, teniendo como ejemplo precursor el impuesto sobre estancias turísticas existente en las Islas Baleares, Sumar señala que, "a través de un tributo directo", se debería configurar "la recaudación de un impuesto de carácter finalista para favorecer el turismo sostenible, siendo los sujetos pasivos todas las personas físicas que lleven a cabo una estancia en los establecimientos turísticos de alojamiento hotelero, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural, albergues y refugios, hospederías, hostales, viviendas turísticas de vacaciones y un largo etcétera que abarca toda la normativa autonómica que tenga la calificación de turística".
Prohibir los vuelos cortos
Del mismo modo, este miércoles Sumar llevará al Congreso el primer debate sobre la proposición no de ley que el grupo parlamentario de la ministra Díaz registró el pasado 12 de diciembre de 2023 en la que se plantea la posibilidad de prohibir los vuelos de menos de tres horas. Tal y como refleja la Agenda del Congreso, será en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico donde se debata y someta a votación la elaboración de un informe en el que se estudie el impacto medioambiental de la reducción de vuelos cortos y las medidas europeas para restringir vuelos privados.
En concreto, Sumar explica que su propuesta pasa por "elaborar un informe que analice la reducción de emisiones que supondría impulsar la reducción de los vuelos de corto recorrido con alternativa ferroviaria de 3 horas", además de "continuar los trabajos para impulsar la aprobación de la Directiva que en el ámbito de la Unión Europea trata la fiscalidad de los productos energéticos entre los que se encuentra el queroseno para la aviación". De la misma forma, la formación de la ministra Díaz propone "elaborar un informe sobre las iniciativas europeas relativas a las medidas a aplicar para restringir los vuelos de los jets privados".
En este sentido, Sumar justifica su propuesta apuntando a que "se estima que la aviación es responsable de entre el 5-8% del impacto climático global, y, si no se toman medidas al respecto, se espera que las emisiones de la aviación se dupliquen para 2050". Asimismo, apuntan a que "cada año fallecen 25.000 personas por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire". Sin embargo, como es habitual, la formación tiñe su discurso con el odio a la riqueza, pues a lo anterior añaden que "estas emisiones son producidas por una parte muy pequeña de la población", apostillando que más del 80% de la población mundial nunca ha volado y que el 10% de la población con mayores ingresos consume el 75% de la energía utilizada en la aviación.
Así las cosas, para Sumar la única solución que se les antoja posible es la imposición y la prohibición. Partiendo de que, según sostienen desde el partido de Yolanda Díaz, "la única forma de reducir las emisiones de la aviación es reduciendo el tráfico aéreo", la formación de extrema izquierda propone "acabar con las ventajas regulatorias de la aviación sobre las formas de transporte más sostenibles" (para ellos, lo más urgente) y "la reducción de vuelos de corta distancia" (señalando directamente a los vuelos entre Alicante, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Madrid y promoviendo la sustitución de éstos por rutas alternativas en tren de alta velocidad). Como es bien sabido, esta es una de las propuestas estrella de Sumar. Ya la recogieron en su acuerdo de gobierno con el PSOE.
Sin embargo, a pesar de la propaganda que desde el ala más radical del Gobierno se hace en relación con los supuestos beneficios que tendría esta iniciativa, la propuesta de prohibir los vuelos cortos no ha estado exenta de críticas.
Lo cierto es que, como hemos publicado en Libre Mercado, acabar con los vuelos de corta duración sería una gran equivocación, puesto que dañaría gravemente al sector. Por un lado, se lastraría la competitividad del sector al limitar el desarrollo de aeropuertos como el de Madrid o Barcelona como grandes hub de la aviación. Pero, además, con esta medida se lograría desincentivar la innovación con nuevas tecnologías libres de carbono.