El gobierno de Venezuela empieza a tirar la toalla. Después de años negándose a pagar sus deudas y compromisos con distintas empresas e inversores internacionales, el régimen de Nicolás Maduro ha movido ficha y se ha empezado a reunir con los afectados por una larga saga de impagos e incumplimientos que guarda muchas similitudes con lo que está haciendo España a los afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Las expropiaciones que practicó el "chavismo" a las empresas petroleras que operaban en Venezuela fueron celebradas por numerosos medios de comunicación escorados a la izquierda, pero aquel atropello a la propiedad privada no quedó impune y los accionistas perjudicados por las decisiones de Caracas acudieron a los tribunales internacionales e hicieron valer sus derechos.
Puesto que ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro mostraron su disposición a cumplir las sentencias y pagar las indemnizaciones pendientes, las empresas afectadas acudieron a la justicia de distintos países para reclamar el embargo de bienes de la República Bolivariana de Venezuela. En Estados Unidos, la justicia ha reconocido que buena parte de estas deudas, abriendo la puerta a un proceso mediante el cual se pueden llegar a confiscar activos venezolanos por valor de 2.500 millones de euros.
Las denuncias fueron interpuestas por empresas que sufrieron las expropiaciones, como Crystallex International, Red Tree Investments o las cotizadas ConocoPhillips y Siemens Energy. Los avances que han conseguido los afectados han obligado al gobierno de Venezuela a establecer una mesa de negociación encabezada por Horacio Medina, que coordina las actividades extranjeras de la compañía estatal PDVSA. Abriendo estas conversaciones, Caracas pretende alcanzar algún tipo de acuerdo y evitar la subasta de bienes vinculados a Venezuela como una refinería operada por Citgo en la localidad texana de Corpus Christi.
Pero los problemas para Venezuela no acaban ahí, puesto que hay otras seis empresas que esperan recibir próximamente el visto bueno de las instituciones estadounidenses para proceder a nuevos embargos. Se trata de dos filiales del Grupo Koch, así como de ACL1 Investments y las cotizadas O-I Glass, Huntington Ingalls Industries, Rusoro Mining y Gold Reserve. Sus denuncias han prosperado y, si los litigios terminan llegando a buen puerto, se abrirá la puerta a la confiscación de bienes por valor de otros 3.500 millones de euros.
Aviso a navegantes para España
La urgencia de Venezuela por evitar este desenlace sirve como aviso a navegantes al gobierno de España. Aunque Pedro Sánchez ha comunicado al Banco Mundial que no piensa acatar los laudos que condenan a nuestro país al pago de 1.200 millones en indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, lo cierto es que los procesos de embargo ya están en marcha en Reino Unido o Australia y pueden dejar a nuestro país en una situación similar a la del país suramericano, cuyos reiterados incumplimientos empiezan a llegar a su fin ahora que los embargos son inminentes, lo que explica la voluntad de Caracas de entablar un diálogo con los afectados.