El ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera acaba de autorizar una transferencia de 2 millones de euros al ministerio de Justicia que encabeza Félix Bolaños "a fin de posibilitar la realización de actividades de asistencia técnica y económica en los procesos administrativos, judiciales o arbitrales relacionados con las energías renovables".
Este anuncio fue comunicado por el gobierno el pasado 8 de octubre y supone un nuevo incremento de los desembolsos asociados a la litigiosidad que han desatado los impagos de los laudos que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables. Según las más de 25 empresas afectadas, la contratación de abogados y consultores ha supuesto hasta la fecha cerca de 75 millones de euros.
De hecho, si se toman en cuenta estos honorarios, los intereses de demora motivados de los impagos y las condenas en costas que ha sufrido nuestro país, las empresas que están sufriendo el incumplimiento de las sentencias estiman que el sobrecoste total derivado de esta controversia ronda ya los 323 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los 1.562 millones que se adeudan a estas compañías.
Los embargos siguen aumentando
Los embargos que está sufriendo nuestro país en el extranjero también influyen negativamente en esta cifra. De hecho, nuestro país ha tenido que bloquear 41 millones de euros y consignarlos ante la justicia belga como respuesta al embargo cautelar de las transferencias de Eurocontrol a Enaire, medida de compensación invocada por una de las firmas afectadas.
El pasado mes de septiembre trascendió una histórica sentencia que autoriza nuevos embargos a nuestro país, esta vez en suelo estadounidense. Tal escenario se dará próximamente si persisten los impagos del gobierno de Pedro Sánchez, que insiste en evitar el pago de estos laudos. Además del país norteamericano y de Bélgica, la justicia británica ha autorizado ya numerosas medidas de este tipo, incluyendo el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, la sede del Instituto Cervantes en Londres, una oficina de promoción exterior de la Generalidad de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias…
En total, los afectados estiman que han detectado activos por valor de 5.000 millones y, además de actuar en estos países, cuentan asimismo con una sentencia favorable de la Corte Suprema australiana en la que se registran distintos laudos de las renovables y se abre la puerta a posibles embargos en el país oceánico.