Fracaso estrepitoso en el Gobierno y, en particular, en el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sufrió ayer su enésima derrota parlamentaria después de que el PP consiguiera los apoyos de PNV y Junts para tumbar la prórroga del impuesto a las energéticas.
Desde hace meses, Junts ha mostrado su negativa a perpetuar este tributo, que iba a ser "temporal", por miedo a que Repsol decidiera no acometer las inversiones que tenía previstas en Tarragona, y que dejó en stand-by, precisamente, debido a la inminente aplicación del impuesto. Este impuesto tampoco sería atractivo para el caso del PNV por el carácter industrial del País Vasco.
Por ello, Sánchez habría hecho creer a los independentistas que no renovaría el impuesto a las energéticas. Sin embargo, sus otros socios de izquierda (Podemos, ERC, BNG y Bildu) exigían su implantación a cambio de su apoyo. Así, en estas últimas semanas, se han dado situaciones tan insólitas como que el Gobierno prometiera perpetuar el impuesto y eliminarlo al mismo tiempo. El descrédito es total.
Si embargo, ayer jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dudó en considerar "un éxito parlamentario de primer nivel" la aprobación de un paquete fiscal mucho más escueto del que pretendía, y que incluye subidas al tabaco, a las rentas altas del ahorro o a la banca.
En este sentido, resulta llamativo como ante la prórroga del impuesto a la banca, que se creó a la par que el de las energéticas y que también iba a ser "temporal", no hay oposición por parte de ningún socio del Ejecutivo.
Más de 13 millones de conductores
Ahora, la baza que le queda al Gobierno sería aprobar por decreto ley el tributo a las energéticas el próximo lunes, que habrá Consejo de Ministros, aunque se arriesgan a volverse a encontrar con la oposición del Congreso.
Otro sablazo fiscal que quizá encontrara más adeptos en el Congreso es la subida del diésel, que los socialistas colaron en mitad de la tragedia de la dana, junto a otras subidas fiscales, y que afectará a millones de conductores (los más numerosos del país) si logran el apoyo parlamentario. Sánchez confirmó ayer que lo estaba negociando con sus socios para aprobarlo por decreto ley, probablemente, el próximo lunes.
En concreto, en nuestro país hay 13,09 millones de coches diésel propiedad de particulares, según los datos facilitados por GANVAM. De todos ellos, el 70% tiene un coche de más de 10 años, por lo que el golpe a las rentas medias y bajas es total.
La subida al diésel planeada por el Gobierno es de 9,37 céntimos por litro. Así, el tipo general pasará de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros, y que equipara al de la gasolina.
El Ejecutivo de Sánchez lleva amagando con subir la fiscalidad al diésel desde que llegara al Gobierno con la excusa de la protección del medioambiente. En 2020 fue el PNV quien se opuso y esta subida fiscal tampoco ha contado nunca con el respaldo de Podemos. ¿Habrán cambiado de idea? Otra duda en este asunto es la postura de Sumar, que firmó el mes pasado un pacto con el PSOE en el que tampoco estaba el diésel.