El sistema sanitario de colaboración público-privada de Muface atraviesa una crisis sin precedentes. La situación, que parecía encauzada tras el anuncio del ministro para la Transformación Digital y la Función pública, Óscar López, sobre una nueva licitación, se ha complicado tras la retirada de Adeslas, que alega pérdidas anuales de 80 millones de euros. Esta decisión afecta directamente a 1,5 millones de mutualistas, muchos de ellos en tratamientos médicos críticos.
"No entendemos que se haya caído tan pronto; da la sensación de que la decisión estaba tomada", ha afirmado el presidente del CSIF, Miguel Borra, en una entrevista a Es la Mañana de Federico. A 15 días de que venza el plazo, solo DKV y ASISA podrían optar por asumir el modelo, pero las dudas persisten.
Sanidad aboga por perder Muface
Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha respaldado la idea de integrar a los mutualistas en el sistema público, argumentando que sería viable. Sin embargo, Borra cuestiona esta visión: "Las comunidades autónomas han expresado serias dudas sobre su capacidad para atender esa avalancha de pacientes". Además, los datos son contundentes: el 31% de los usuarios de Muface supera los 65 años, frente al 20% en la sanidad pública general. Este grupo requiere una atención más intensiva, lo que supone un desafío logístico y económico para las comunidades autónomas.
Este trasvase implicaría un aumento del 2,1% en la población que debe ser atendida por la sanidad pública, mientras que los fondos transferidos solo representarían un incremento del 1,8% en el presupuesto destinado a este ámbito. "Con ese dinero, no seríamos capaces de asumir ese trasvase", ha advertido Borra. El dirigente sindical también ha destacado que muchas de las personas afectadas se encuentran en situaciones críticas, como tratamientos oncológicos o cirugías programadas, y no saben qué sucederá a partir del 31 de enero. "Estamos jugando con la salud de un millón y medio de personas", ha concluido, subrayando la urgencia de encontrar una solución adecuada.
El PP acusa de desidia al Gobierno
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado la situación de Muface como un "fracaso de gestión" del Gobierno. El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de estar poniendo en riesgo la asistencia sanitaria de un millón y medio de españoles, al mismo tiempo que critica a la titular de Sanidad por querer desmantelar el modelo y a Óscar López por estar más centrado en su carrera política que en solucionar este problema. Este ataque refleja la creciente preocupación por las consecuencias que tendría el colapso del sistema.
La crisis de Muface no solo pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno y las aseguradoras privadas, sino también las dudas sobre la viabilidad del sistema público para asumir una transferencia masiva de mutualistas. En este contexto, Borra ha señalado la falta de transparencia del Gobierno al no hacer público un informe de la AIReF sobre la viabilidad del modelo. Este documento, según el dirigente sindical, podría contener datos sobre las condiciones necesarias para mantener el sistema o sobre los efectos de una eventual absorción por parte de la sanidad pública. A pesar de las reuniones previas con la AIReF, Borra ha expresado su desconfianza en la metodología utilizada para analizar la situación, sugiriendo que las respuestas estaban dirigidas para justificar una narrativa favorable a la desaparición de Muface.
Del mismo modo, el período abierto por el Gobierno para que todas las aseguradores transmitieran las condiciones sanitarias necesarias para poder asumir ese trasvase cumplió el 4 de diciembre. Sin embargo, se desconocen las contestaciones aportadas por parte de las aseguradoras: "Que se pongan encima de la mesa las contestaciones. Entre el informe y las contestaciones, el Gobierno tendría que haber encontrado un punto intermedio de unión. Ese punto no se ha encontrado: una ya ha dicho que no, DKV tiene serias dudas y ASISA no sabemos si sería capaz de llevar adelante la gestión del modelo", ha concluido Borra.
Mientras tanto, los mutualistas afectados han comenzado a movilizarse. Las quejas, especialmente de personas mayores con enfermedades crónicas o dificultades para acceder a los trámites digitales, se han multiplicado. Muchos de ellos han recurrido al Defensor del Pueblo y a representantes parlamentarios en busca de soluciones. Así, el representante de CSIF, ha insistido en que este problema debería superar las divisiones ideológicas, enfatizando la urgencia de garantizar la atención sanitaria de cientos de miles de ciudadanos antes del 1 de febrero.