Para ser honesto al señalar con el dedo a cuantos no vieron la burbuja antes de que estallase, el gobernador tendría que haber recitado íntegro el listín telefónico de la provincia de Madrid.

Artur Mas ha llamado a la rebelión de las autonomías contra la política de ajuste presupuestario del Gobierno Rajoy por entender que éste pide a las comunidades autónomas un mayor esfuerzo en el recorte de los gastos que a la Administración Central.

El mejor, más fuerte y más solvente sistema financiero del mundo, estandarte del 'zapaterismo', se desenvuelve en estos momentos entre la ayuda para su salvamento, la desmembración y la liquidación por derribo de buena parte del mismo.

La casta autonómica se ha declarado a sí misma ajena a la crisis y el Gobierno es incapaz de levantar esa inmunidad presupuestaria, a pesar del mayor sufrimiento que esta desvergüenza generalizada está provocando en los contribuyentes.

El Gobierno pone al Banco de España, de España, no de la Cochinchina, bajo tutela para que sean extranjeros quienes digan lo que pueden o no pueden hacer los bancos españoles y a todos les importa un pito.

Hoy se ha dado un paso que, en general, y dejando de lado esa sangrante nueva subida de impuestos, va en la buena dirección. El riesgo cierto es que, como le sucedió a ZP tras el tijeretazo, a Rajoy se le olvide dar los pasos siguientes.

Estamos aviados si el gran defecto del Gobierno es asumir las obligaciones inherentes a la pertenencia al euro y renunciar a la plena autonomía económica. El de Rajoy ha cometido errores, pero ése no es uno de ellos.

Hablamos de servidores públicos que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar esos servicios públicos.

Nunca encontrará un Gobierno más apoyo interno y externo para reordenar a fondo un sistema de prebendas y gobiernos que crea derroche en tiempos de bonanza y ruina en los de crisis. No hacerlo es peor que un crimen: un fatal error.