Los expertos tienen ideología. Y sesgos. Y los que les encargan los informes saben lo que van a decir. Por eso les encargan esos informes a esos expertos y no a otros. De eso va la política de "los expertos dicen" que se ha puesto tan de moda en los últimos años. La mitad de las veces es la forma de eludir responsabilidades ("yo no quería, pero los expertos nos han pedido que"...); la otra mitad, de intentar acallar las críticas enarbolando el cartel de "la ciencia". Ya verán, por ejemplo, la que nos va a caer con la propuesta de reforma fiscal de "los expertos" de María Jesús Montero.
Porque, además, lo importante suele ser qué se les pregunta y qué miden estos expertos. Por ejemplo, en lo que toca al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el famoso informe del Banco de España, los críticos podrían argumentar que sí, que a corto plazo se perderán empleos, pero a medio plazo esa subida del SMI incentivará mejoras de productividad que serán beneficiosas para todos. [Digo todo esto aunque coincido casi al 100% en las conclusiones de este informe y me parece un muy buen documento. Pero, precisamente por eso, es por lo que alerto hoy sobre el pésimo uso que se hace de este tipo de trabajos. El problema no es este informe u otro similar, sino la idea de que la firma de un economista, doctor o catedrático convierte una opinión o una foto parcial en una ley de la naturaleza].
Tenemos tan asumido este argumento de "los expertos" que la mejor respuesta que ha encontrado Díaz (y tenía varias muy buenas) para contrarrestar el informe que no le gustaba ha sido pedir otro, a otros "expertos", para tener un documento que dijera lo que ella quería que dijera. Y lo ha presentado este viernes tan contenta: "Es lo contrario al sálvese quien pueda, al opinar por opinar. Es la evidencia científica que se sobrepone al ruido".
Lo que han pedido los "expertos" de Díaz es que el SMI se sitúe en el entorno de los 1.050 euros (en 14 pagas) en 2023, lo que supone unos 1.400 euros más al año que en la actualidad (una subida de algo más del 10% respecto al nivel de 2020). El objetivo es situarlo en el 60% del salario medio al final de la legislatura. De nuevo, se pone una cifra y ya parece como que ese objetivo es más científico.
[Nota: siempre hay que recordar que un SMI de 1.200 euros en catorce pagas en realidad supondría para el empresario un coste de un 30% más sólo en cotizaciones. Si sumamos costes de despido y otros conceptos de los que se hace cargo la empresa y prorrateamos a doce meses, estaríamos por encima de los 1.800-1.900 euros al mes de coste real por empleado. Eso es lo que tendría que generar, más la rentabilidad exigida a cualquier inversión, el trabajador que cobre ese SMI de 1.200 euros del que tanto se habla].
El 0,0003% de Díaz
Que un Gobierno socialdemócrata, con una ministra de Trabajo que forma parte del Partido Comunista, pida subir el SMI no es una sorpresa. Una medida que beneficia a los que ya están respecto a los que podrían llegar. Que permite ponerse la medalla "por lo que se ve" y negar los efectos de "lo que no se ve". Socialdemocracia pura.
Pero que no nos traten como idiotas. Al menos que usen argumentos mínimamente elaborados. Por ejemplo, el que apuntábamos antes de la productividad a medio plazo. O que digan que compensa y que las subidas de ingresos por un lado equilibraron las pérdidas de empleo por el otro.
Porque si uno dice, como aseguró la ministra, que la subida del 22% del SMI en 2019 apenas tuvo como contrapartida que se dejaran de crear el 0,003% de los puestos de trabajo... la única respuesta posible es por qué no lo subieron más. Si es verdad, como hemos escuchado y leído estos días, que subir el SMI no afecta al empleo ni a la tasa de paro, lo único que cabe preguntarse es por qué no tenemos un SMI de 3.000 euros.
Si uno afirma que pasar de 750 a 1.200 euros no va a tener ningún impacto (o uno tan pequeño como del 0,003%), lo más sorprendente es que lo deje ahí. No decimos que lo lleve a 1 millón de euros. Pero, si de verdad te lo crees, al menos ¿1.500? ¿1.800? ¿3.000? Aunque sólo sea por probar en qué punto comienza a tener importancia. Por qué son tan rácanos, tan cutres, tan miserables, con los trabajadores menos cualificados.
Eso es demagogia, suelen responder: 3.000 euros no, pero 1.200 "podemos permitírnoslo". Pero si uno afirma que fijar el SMI en 1.200 euros no supone ningún problema pero que 3.000 es demasiado elevado, es porque hay algún punto, entre uno y otro nivel, en el que pasa a ser excesivo. ¿1.500? ¿2.000? ¿1.648,5? ¿Cuál es ese punto? ¿Lo han medido sus "expertos"?
La realidad es que no hay un punto. No hay un límite. No hay un cálculo científico. El salario es un coste. Y el SMI un precio mínimo. Como todos los precios mínimos, incentiva la oferta (más trabajadores buscan un empleo) y limita la demanda (de los empresarios). ¿Puede compensar? Pues quizás, como decíamos antes, si esos trabajadores en busca de una oportunidad logran alcanzar el nivel de productividad que justifique su coste. La pregunta es cómo, si es por arte de magia o si haremos algo al respecto.
A los que tienen menos que ofrecer (jóvenes sin experiencia, parados de larga duración, personal no cualificado, personas que lleven tiempo de inactividad...) les afecta más, porque muchas veces su única baza es el precio. Que tampoco esto es una novedad. Es lo que ocurre con cualquier producto nuevo que llega al mercado: una de las técnicas de marketing más habituales es rebajar temporalmente el precio para atraer al posible cliente, que duda ante lo desconocido.
Por supuesto, esos costes más elevados también incentivan el uso de productos sustitutivos. De nuevo, como en cualquier otro mercado. ¿Qué productos? Pues cualquiera de entre las opciones disponibles: horas extra entre los empleados ya contratados, subcontratas, empleo a tiempo parcial... O lo más habitual, inversión en capital que sustituya, si no de forma perfecta al menos aproximada, al empleado más caro. Una máquina de venta de entradas es también una respuesta a un taquillero con un sueldo más elevado. Y no es una respuesta por maldad, sino por necesidad: si el consumidor no está dispuesto a pagar más, el empresario que quiera sobrevivir tendrá que ajustar sus costes o perecer en el intento.
Por un SMI de 1.500 euros... que no importe
El SMI es una de esas discusiones absurdas de las que tanto gusta la política española. Lo normal es que no afecte a casi nadie (como ocurría cuando era muy bajo y apenas unos pocos trabajadores estaban en una banda salarial cercana al mismo). Y cuando lo hace, debería servir como síntoma y señal de alarma. Porque por supuesto que es preocupante que en 2021, en una de las grandes economías de la UE, un SMI de 1.000 euros al mes sea un problema.
Y no es sólo porque tengamos muchos de estos empleos de baja cualificación. Todos estamos hartos de escuchar las historias de camareros en Zurich, Oslo o Dublín que ganan tres veces más que sus equivalentes madrileños o sevillanos. ¿Es porque ponen tres veces más cervezas? No. En parte puede ser porque formen parte de cadenas de valor algo más eficientes. Pero incluso eso es discutible. La clave aquí reside en el cliente y en que está dispuesto a pagar mucho más por un servicio un poco mejor o, simplemente, por no tener que desplazarse demasiado.
Sobre esto de los sueldos tan diferentes por hacer cosas parecidas (en las que lo único que cambia es el lugar en el que las haces) nadie dice nada. Pero es evidente que el principal impacto del SMI se notará en eso que ahora llaman "la España vaciada": otros que, para empezar a competir, tienen en los costes una de sus mejores opciones (para compensar otros problemas de ubicación, lejanía o baja productividad) y a los que se les impone el mismo precio mínimo al trabajo que a los empresarios madrileños, bilbaínos o barceloneses.
No se engañen. Si queremos que el SMI deje de ser un problema, el primer paso no es subirlo a 1.500 euros al mes, sino hacer que incluso ese nivel sea irrelevante porque no afecte a casi nadie. Y eso se consigue con productividad: con la productividad del camarero y la de su cliente.
Miren aquí las estadísticas de Eurostat de productividad/hora en 2019: tomando 100 como referencia para la UE-27 (ya sin Reino Unido), Irlanda tiene 179, Dinamarca 138, Holanda 122 o Suecia 113. ¿Y España? En 95, justo por delante de Eslovenia, República Checa o Malta. ¿Ustedes creen que el resto de las propuestas de Yolanda Díaz nos llevarán hacia los 122 de Holanda o hacia el 66 de Portugal? Pues ésta es la única pregunta que nos debería importar.