Cuanto más insiste el Gobierno de PSOE y Podemos en que no hará recortes, más deberíamos preparar la cartera para enfrentar los ajustes que deberán acometer su eventual sucesor. Y es que, por mucho que la izquierda cultive un discurso absolutamente infantil e irresponsable, según el cual todo es gratis, todo se puede financiar y las restricciones presupuestarias son cosa de la cruel y antipática derecha, la cruda realidad económica y financiera nos recuerda una y otra vez que los excesos de hoy son los desequilibrios de mañana.
El sistema de pensiones está en el corazón de la demagogia con la cual socialistas y comunistas confunden al electorado. Hasta no hace mucho, su discurso en materia de pensiones giraba en torno a la supuesta necesidad de ligar las pensiones al IPC. Curiosamente, en cuanto la inflación ha subido a cotas históricamente elevadas, ese mantra de la izquierda ha quedado olvidado en un cajón. Por lo visto, indexar las pensiones era urgente cuando gobernaba Rajoy y los precios se mantenían en niveles moderados, pero se ha convertido en una cuestión secundaria ahora que Sánchez está en la Moncloa y el coste de la vida crece a tasas del 8%, el nivel más alto desde hace casi cuarenta años.
Da la casualidad, pues, de que los pensionistas no perdieron poder adquisitivo cuando las pensiones se gestionaban con prudencia y los pagos se moderaban según recomendaba el llamado factor de sostenibilidad, pero en cambio han visto arrasada su capacidad de compra en cuanto el Ejecutivo de PSOE y Podemos abandonó dichas reglas y se lanzó en una carrera enloquecida de despilfarro inflacionista que ha llevado a España al precipicio fiscal.
José Luis Escrivá, el ministro del ramo, se hinchó a dar conferencias sobre estabilidad presupuestaria cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Sin embargo, ahora que le toca dar trigo en vez de predicar, su gestión ha logrado llevar a la Seguridad Social a un escenario límite, duplicando la deuda del sistema de pensiones en apenas cuatro años.
Ante semejante panorama, el mismo Gobierno que dice que no hará recortes en lo público ha empezado a hacerlos en lo privado, es decir, en el bolsillo de las empresas y los trabajadores. El gasto va a seguir desbocado y el sacrificio fiscal asociado a su apuntalamiento lo vamos a tener que pagar unos contribuyentes cada vez más exhaustos y sin margen de maniobra.
Buena prueba de ello es la decisión de destopar las bases de cotización, un nuevo rejonazo que exacerba el castigo aplicado durante la última década, en la cual estos pagos se habían incrementado casi un 30%. Otro ejemplo lo tenemos en la ampliación de los años de cálculo, que en la práctica se traducirá en un tajo del 8,6%. Para una pensión media, hablamos de un recorte de casi 2.000 euros al año. El impacto será aún mayor en el caso de los autónomos, donde el descenso alcanzará el 10,3%.
De modo que los recortes ya están aquí y tienen forma de impuestos, cotizaciones, regulaciones, obligaciones y un sinfín de intervenciones más que solo empobrecen al sector productivo para intentar salvar los muebles de un Estado obeso, ineficiente e insostenible, cuya única tabla de salvación es el doping monetario del Banco Central Europeo.