Que un Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas haya llevado a España a una verdadera ruina es algo que no puede sorprender a cualquier analista con un mínimo de criterio. Desde los años de Rodríguez Zapatero, el PSOE se ha confirmado como un partido dispuesto a cualquier cosa para retener el poder, una deriva que solo se ha acentuado con la entrada en juego de Podemos, que no deja de ser la sucursal de la misma izquierda bolivariana que ha arruinado Hispanoamérica.
La combinación de ambas fuerzas está propiciando una degeneración continua del marco institucional, así como un profundo empeoramiento la situación económica. En la esfera internacional ya apenas se discute esta deriva. The Economist considera que España ya no puede ser considerada una democracia plena y, siendo justos, parece difícil disputar tal acusación, habida cuenta del continuo deterioro que estamos viendo en el panorama político. En la misma línea, Financial Times considera que la agenda económica del "sanchismo" es populismo en estado puro. Y, aunque buena parte de los medios de comunicación españoles se siguen poniendo de perfil ante esta triste realidad, las encuestas ya reflejan el hartazgo de buena parte de la ciudadanía.
Con la inflación en los niveles más altos de los últimos treinta y cinco años, la deuda pública rumbo al 140% del PIB y la producción económica a años luz de los niveles de actividad anteriores a la pandemia, el Gobierno de Sánchez ha optado por redoblar el intervencionismo económico, anunciando todo tipo de disparates económicos que replican los peores vicios del peronismo argentino, en la medida en que se está avanzando de manera decidida hacia el clientelismo, el subsidio, la estatalización y la propaganda.
En las dos primeras semanas de julio, Sánchez ha anunciado una nueva ronda de subidas impositivas con la que pretende trasladar la idea de que su Ejecutivo mantiene a raya a las grandes empresas. El problema es que los rejonazos fiscales aplicados al sector bancario y a las compañías eléctricas recaerán, en última instancia, en sus clientes, es decir, en todas las empresas y familias de nuestro país.
Al mismo tiempo, el gabinete conformado por PSOE y Podemos se ha lanzado a anunciar una batería de medidas con las que pretende granjearse el favor de un electorado cada vez más alejado del gobierno. La lista de subsidios no para de aumentar: ahí están la "renta básica", las "ayudas al alquiler", los "trenes gratis", el "bono" cultural, los "cheques comida" o la "bonificación del carburante". Un sinfín de medidas que buscan generar un voto cautivo y que, por supuesto, se financian con el expolio sistemático de un sector privado asfixiado por unos impuestos desbocados y por unas restricciones regulatorias que hacen imposible la operativa empresarial.
A esto hay que sumarle la toma de poder que ha lanzado el Ejecutivo en todo tipo de esferas económicas. La vergonzante toma del INE y el lamentable asalto a Indra son el penúltimo ejemplo de una desatada campaña que solo anhela el sometimiento total de cualquier organismo público o empresa privada. Totalitarismo económico en estado puro.
Semejante panorama nos sitúa, pues, en el mismo plano que Argentina. Hace algo más de medio siglo, el país del Cono Sur se situaba entre los más prósperos del globo. Sin embargo, las políticas económicas implementadas por el peronismo han conducido a Argentina a la más absoluta ruina. No podemos ignorar la realidad: ante la actual tesitura, la oposición frontal al gobierno de Sánchez es la única postura válida para evitar el hundimiento definitivo de España.