El tamaño del Estado no para de ensancharse en España. Las Administraciones Públicas han aumentado sus desembolsos en 130.000 millones de euros desde que Pedro Sánchez es presidente y, de esta cifra, 50.000 millones se han cubierto con más impuestos y el resto se ha financiado a base de incurrir en déficits presupuestarios que han elevado la deuda pública en casi 300.000 millones de euros.
En el mercado de trabajo nos encontramos nuevas muestras de este preocupante proceso que está experimentando la economía española. Si atendemos a la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2022, podemos observar que la cifra de empleados públicos ha alcanzado cifras récord, con 3,5 millones de trabajadores directamente dependientes del Estado.
No solo eso: si nos fijamos en el comportamiento del empleo por cuenta propia durante los meses de junio, julio y agosto del presente curso, podemos apreciar un descenso en dicha rúbrica de 30.800 efectivos. Esto significa que el total de autónomos se sitúa ahora en torno a 3,1 millones, en línea con una senda decreciente que contrasta con el aumento en el número de funcionarios y empleados públicos.
Los ingresos también reflejan una situación muy diferente, casi delineando dos Españas. A un lado tenemos al sector privado, que está sufriendo una durísima crisis inflacionista y ha visto reducir su poder adquisitivo cerca de un 14%, regresando a los niveles de renta efectiva de 2015. Al otro lado tenemos al sector público, que no para de elevar su recaudación, hasta el punto de que los ingresos tributarios están subiendo a tasas del 25,9%.
A la luz de experiencias internacionales como la de los países nórdicos, España parece estar experimentando una transición del estado de bienestar al bienestar del Estado. Como sucedió en su día en Suecia o Dinamarca, las dinámicas expansivas del gobierno han terminado golpeando la capacidad de crecimiento y creación de empleo hasta el punto de generar un escenario desastroso en el que lo público está depredando lo privado.
En este sentido, conviene recordar que, cuando Pedro Sánchez alcanza la presidencia del gobierno, el gasto total de las Administraciones Públicas que comandaba Mariano Rajoy tenía un peso del 41,3% del PIB. Sin embargo, los datos a cierre de 2021 habían elevado esta rúbrica hasta el 50,6% del PIB, lo que en términos per cápita supone pasar de 10.293 a 12.879 euros por habitante. En cambio, la parte privada del PIB se ha reducido del 58,7% al 49,4%, lo que supone una caída del 16% en apenas un lustro de presidencia de Sánchez.