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Domingo Soriano

Ni derecho ni salario diferido: por qué las reformas de Escrivá nos recuerdan que la pensión es un subsidio

Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna duda en lo que planteamos en este artículo. Por qué, entonces, nos cuesta tanto asumir esta realidad.

Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna duda en lo que planteamos en este artículo. Por qué, entonces, nos cuesta tanto asumir esta realidad.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este miércoles en el Congreso. | EFE

La pensión no es un derecho. Ni un salario diferido.

Y no lo decimos nosotros. Ni es una opinión. Es la constatación de un hecho.

  • Imagínese que fuera usted de esos ciudadanos que ha hecho cola en la puerta del Banco de España en los últimos días (de hecho, puede que algún lector de este artículo esté en esa circunstancia).
  • Ha comprado usted bonos españoles a 10 años.
  • Dentro de cinco años, el Reino de España se encuentra en una situación financiera de tremendo estrés y tiene que plantear una quita en sus obligaciones (le pasó hace menos de una década al Estado griego, así que tampoco es una situación impensable).
  • ¿Podría hacerlo? Podría intentarlo, pero entonces sus bonistas, entre los que se encuentra usted, podrían llevarlo a los tribunales para intentar recuperar su inversión.
  • Para incumplir una promesa de este tipo hay unas reglas. Porque los que compraron esa deuda tienen unos derechos y una ley que les ampara. Y un derecho internacional que también obliga al Estado español (como obligó al argentino, que estuvo más de una década pleiteando con sus bonistas)

Ahora, imagine otra situación también relativamente factible:

  • La guerra en Ucrania se recrudece y la inflación vuelve a dispararse al 12%. Además, se produce un parón de la actividad.
  • El próximo Gobierno, desbordado por una crisis económica inesperada y con la caja vacía por la falta de ingresos impositivos, acuerda congelar las pensiones (recortes en este sentido los hemos visto dos veces desde 2010, así que tampoco estamos ante algo impensable).
  • La pensión del próximo año será la misma, pero con la inflación al 12%, el poder adquisitivo de los jubilados ha salido muy dañado.
  • Y usted piensa que los políticos españoles firmaron hace poco en el Pacto de Toledo un acuerdo para actualizar las pensiones conforme al IPC. Es más, el presidente del Gobierno y el ministro del ramo, José Luis Escrivá, han declarado por activa y por pasiva que su compromiso en este sentido era irrenunciable.
  • ¿Cree usted que podría acudir a un tribunal a reclamar por lo que también es una promesa incumplida? Pues que tenga suerte.

¿El sistema?

Lo planteado en estos dos ejemplos lo sabemos todos. También lo saben los políticos, periodistas y académicos que hablan el lenguaje de las cotizaciones, los derechos adquiridos y los salarios diferidos. Nosotros mismos, en Libre Mercado, lo hacemos a menudo, porque estamos dentro de esa lógica un poco absurda del llamado "sistema de la Seguridad Social". Que no es, para lo bueno y para lo malo, ningún sistema: es una parte de la Administración Pública española que recauda impuestos y afronta gastos (entre ellos, todo tipo de subsidios, como las pensiones).

Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna duda en lo que planteamos en este artículo. Por qué, entonces, nos gusta tanto hablar en estos términos y nos cuesta tanto asumir la realidad.

- Porque es un subsidio un tanto especial. Eso es cierto. Por ejemplo, mientras que otros se diseñan (o eso nos dicen) para dar más al que menos tiene o al que menos impuestos abonó, en éste la lógica es la contraria. Pero ni es el único subsidio en el que reciben más los ricos (pregunten a los dueños de coches eléctricos) ni esa peculiaridad lo saca de la categoría general.

- Porque el sistema se legitima con el lenguaje de la contributividad. Decirle a alguien que cobra una prestación no es bonito. A todos nos gusta pensar que cobramos porque antes cotizamos. Pero no es cierto.

De hecho, ha habido propuestas en el pasado (sobre todo desde la izquierda) para lo que podríamos denominar como des-contributivizar las pensiones. Podemos no lo lleva en su programa electoral directamente, porque no sería muy popular entre parte de su electorado. Pero, en realidad, la idea de fijar unas pensiones iguales para todos sin tener en cuenta lo que cada uno haya contribuido es socialdemocracia pura. Lo podríamos expresar así: "Tanto si has puesto mucho como si pusiste poco, todos cobráis la pensión media porque todos tenéis unas necesidades similares". Eso sí, es socialdemocracia impopular y deslegitimadora. Porque cobrar un 25% del sueldo real cada mes (aparte del IRPF) con este esquema ya no sería tan sencillo.

Pero si un partido llegase al Gobierno y plantease una reforma de este tipo, ningún pensionista podría reclamar: ni el que llevase 45 años cotizando ni el que cobraría la misma pensión sin haber aportado nada. Los dos tendrían lo que ese Gobierno decidiese.

- Porque los políticos sí rompen las promesas previas realizadas por la Seguridad Social, pero lo hacen sobre todo en lo que tiene que ver con las pensiones del futuro, lo que hace que sea más complicado que el perjudicado sea consciente. El 90% de las reformas tienen como objetivo las condiciones de acceso a la pensión. Y cuando uno se jubila lo que ve es que le toca una pensión de 2.100 euros, que parece que no está mal. No se pregunta "¿Qué pensión me habría tocado si me hubiesen aplicado las reglas vigentes cuando comencé a trabajar?". Porque a lo mejor la respuesta era 2.500 euros (y jubilándose a los 63, no a los 67).

Si las pensiones fueran de verdad un salario diferido, no nos podrían cambiar las reglas una vez generado ese salario. O podríamos disponer del mismo en situaciones extremas. O podríamos legarlo a nuestros herederos si fallecemos con 60 años. Nada de esto ocurre, porque no lo son. Son un subsidio.

Las reformas de Escrivá

Esta semana se ha hablado mucho de la última propuesta de Escrivá. El ministro de Seguridad Social quiere aprobar un nuevo impuesto, dirigido a los que más ganan y que tendría un carácter en teoría finalista (aunque esto es como no decir nada; irá a donde van el resto de ingresos del Estado). Sería una reforma que se uniría a las ya en marcha o aprobadas en el último lustro: endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada, subidas de las bases de los autónomos, ampliación del período de cálculo de la base, destope parcial de las cotizaciones (suben más las bases máximas que las pensiones máximas), Mecanismo de Equidad Intergeneracional...

Todas marchan en la misma dirección:

  • Incumplimiento de promesas previas
  • Menos contributividad por el lado del gasto: esas reglas especiales de este subsidio tan especial están cambiando para hacer que el peso de lo aportado en el pasado sea cada vez menor. Digamos que el premio por cotizar se reduce
  • Más aportación presupuestaria (impuestos), lo que daña la contributividad también por el lado de los ingresos: tienes que pagar más de forma obligatoria sin generar derechos extra

Por supuesto, ningún jubilado actual o futuro podrá demandar al ministro Escrivá por estas reformas. Tampoco pudieron demandar a sus antecesores por hacer algo muy parecido.

Y un último apunte: que sea un subsidio no quiere decir que sea menos seguro que el bono. Podemos imaginar escenarios, perfectamente factibles, en los que un Gobierno en aprietos presupuestarios decide impagar su deuda emitida para sostener el edificio de las pensiones.

La apuesta de este redactor es que esto dependería del nivel del aprieto. En caso de dificultad de orden menor, ¿sería más fácil una quita del 5% de los bonos o congelar un par de años las pensiones? Pues probablemente lo segundo. Porque ningún Gobierno querría arriesgar una declaración de quiebra por una cantidad menor. Pero si la cosa se agrava: ¿es más factible impagar los bonos por completo o recortar las pensiones un 50%? Pues quizás lo primero. En cualquier caso, lo normal sería ver un poco de cada uno: si el Estado español entra en un proceso de insolvencia, unos y otros lo sufrirían en sus carnes.

De hecho, por esta semi-obligatoriedad del pago de prestaciones como las pensiones, ya hay muchos economistas que piden que esta deuda implícita (obligaciones adquiridas con los estados frente a sus ciudadanos) se contabilice junto a la oficial. Lo que nos daría una cifra astronómica y preocupante. Es un buen debate académico: cómo de sostenibles son nuestros estados del bienestar si contamos todas las promesas previas, no sólo las emitidas por el Tesoro. Mientras lo discutimos, tengamos claro lo que tenemos: un subsidio, con todo lo bueno y malo que eso tiene. Ni más, ni menos.

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