El sanchismo podría haber llegado a su fin y Pedro Sánchez podría verse obligado a abandonar la Moncloa tras las elecciones anticipadas del 23 de julio. Esto significaría que a todas luces Núñez Feijóo sería el encargado de formar gobierno, un escenario que anticipan buena parte de las encuestas (menos la del CIS de Tezanos).
Arreglar el desaguisado económico que ha dejado el Ejecutivo de PSOE y Podemos en nuestro país será una de las tareas más urgentes que tendrá que abordar el líder del PP si llega a gobernar. Sin embargo, no están tan claros cuáles serán los primeros pasos que dará Núñez Feijóo en esta materia.
¿Se atreverá a desindexar las pensiones del IPC enfadando a más de 9 millones de jubilados? ¿Reducirá gasto? ¿Seguirá la línea de Isabel Díaz Ayuso en materia de impuestos o se limitará a no subirlos? Como en Libre Mercado no tenemos la bola de cristal que nos anticipe qué hará Feijóo si logra hacerse con el poder, nos hemos limitado a analizar cuáles de las medidas económicas aprobadas por el gobierno social-comunista de Sánchez pueden (y deben) ser derogadas cuanto antes, incluso en el primer Consejo de Ministros. Porque, además, legalmente así podría hacerse.
Varios catedráticos y especialistas consultados por Libre Mercado certifican que todos los decretos leyes aprobados por el Ejecutivo pueden derogarse en el mismo primer Consejo de Ministros que celebre el Gobierno entrante. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha pervertido la figura del decreto ley, que el artículo 86 de la Constitución permite dictar sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Con esta forma abusiva de hacer las leyes, el Gobierno acorta plazos, obliga al Congreso a convalidar sus textos completos (luego se pueden tramitar como proyecto de ley y meter enmiendas) y evita que sus planes pasen por los órganos consultivos correspondientes" explica una de las fuentes.
Por tanto, si el siguiente gobierno quisiera tumbar las normas aprobadas por Sánchez "podría tumbarlas íntegramente a través de los mismos decretos leyes que ha usado su antecesor o modificar los artículos que consideren oportuno". Sin embargo, "aquí volvemos a cuestionarnos si es de urgente necesidad derogar un decreto ley por la vía del decreto ley", apunta,
Los socios comunistas, separatistas y filoterroristas de Sánchez están detrás de leyes tan atroces como la Ley de Vivienda, pero el líder del PSOE también ha logrado el apoyo de patronal y sindicatos para sacar adelante otras perniciosas medidas como el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional desorbitado o el cambio histórico del régimen de los autónomos ¿Se atreverá Feijóo a deshacer el camino andado?
Ley de vivienda
Es una de las últimas en aprobarse. Se trata de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda. Sobre esta norma, por ejemplo, el prestigioso economista Ángel de la Fuente publicaba en Fedea que la Ley ataca directamente los derechos de propiedad y auguraba unos resultados "contraproducentes" al ignorar "lecciones no tan lejanas de la propia historia económica de España, de otros países y de la teoría económica más sólida".
Una Ley que actúa como garantía de aquellos que ocupan ilegalmente una vivienda, o que estando arrendado en ella decide dejar de pagar. Con la nueva Ley podrán estar hasta 2 años sin ser desalojados de esa propiedad. Además, la propia Ley se reserva la posibilidad de que la comunidad autónoma en la que se encuentre la vivienda pueda decidir revertir el desahucio del delincuente.
Con su trabajo, De la Fuente alertaba del "debilitamiento de los derechos de propiedad que se desprende del texto" y subraya "la inseguridad jurídica" que generan "los límites y deberes" que impone la Ley, con el supuesto fin de garantizar la "función social de la propiedad". Un buen ejemplo lo tenemos en la exposición de motivos, que sostiene que el derecho a la vivienda "modula tanto el derecho de propiedad como la libertad de empresa cuando operan en el sector de la vivienda".
No sólo eso, la Ley del Gobierno de coalición PSOE y Podemos, con ayuda de sus socios separatistas y filoetarras, consagra un límite a las subidas de los precios del alquiler. El límite de precios del alquiler se ha demostrado inútil todas las veces que se ha puesto en marcha y en todos los países en los que se ha hecho. La intervención de precios provoca escasez y encarecimiento.
Tasa Google y tasa Tobin
El Gobierno, en octubre de 2020, el año de la pandemia, aprobó un impuesto sobre las transacciones financieras, la Ley 5/2020 de 15 de octubre. Con esta Ley, el Gobierno decidió que estuvieran sujetos a una nueva tributación "operaciones que hasta ahora no contaban con impuestos indirectos en España, como la adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas que intervengan en la operación". Este nuevo impuesto, el primero que aprobó el Gobierno de coalición es conocido como la tasa Tobin, y supone un torpedo en la línea de flotación de los ahorros de la clase media española, más allá de incentivar operaciones más especulativas.
En aquel momento también se aprobó la llamada tasa Google, para gravar dentro del territorio español la actividad de empresas informáticas con sedes en otros países, como Google. En aquel momento, numerosos especialistas ya advirtieron que ambos impuestos terminarían frenando la inversión en España.
Uno de los efectos de la tasa Google es que Hacienda obligaba a las empresas tecnológicas a localizar los dispositivos de sus usuarios para corroborar que las grandes plataformas digitales tributan en España. Un control sin precedentes de los ciudadanos.
Según los especialistas consultados por Libre Mercado, ni la Ley de Vivienda ni la tasa Tobin o Google tienen el mismo rango que el decreto ley o el real decreto ley, por lo que estas figuras, que son las que tiene a mano el Gobierno para aprobarlas en el primer consejo de ministros no serían el método más adecuado para hacer efectiva esa derogación. Sin embargo, lo que sí podrían hacer en ese hipotético primer consejo de ministros es modificar distintos preceptos de estas leyes cambiando la redacción de algunos de sus artículos. Algo que sería suficiente para cambiar los aspectos más lesivos contra los derechos de propiedad que consagra la Ley aprobada por el Gobierno de PSOE y Podemos o la influencia perversa de las tasas Google y Tobin. Eso sí, sería necesario justificar la extraordinaria y urgente necesidad del cambio, algo absolutamente necesario para aplicar la técnica legislativa del Real Decreto Ley, por mucho que el Ejecutivo socialista no lo haya hecho. En este punto, los expertos consultados señalan que en asuntos de ámbito económico es más fácil justificar la urgente necesidad.
Cambio de régimen de cotización de los autónomos
El 1 de enero de este año entró en vigor el Real Decreto-ley 13/2022 de 26 de julio de 2022 en el que el Gobierno reformó el régimen de cotización de los autónomos y les obliga a cotizar por sus ingresos reales desde el 1 de enero de 2023. Esta medida supondrá que los trabajadores por cuenta propia que ingresen más de 1.700 euros al mes pagarán más impuestos que en años anteriores y los que ingresen menos, se quedarán igual o pagarán menos.
Según la versión que dio el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, este cambio va a ser "neutral" para las arcas del Estado en términos de recaudación. Es decir, que lo que se recaudará extra por unos autónomos a los que se les subirá la cuota se compensará con lo que se recaudará de menos por los que tendrán cuotas más bajas. Sin embargo, como ya publicó Libre Mercado, el socialista prometió a Bruselas que aumentaría los ingresos con la medida.
Sin embargo, la reforma de Escrivá todavía no está al 100% instaurada entre los más de 3 millones de autónomos que hay en España y muchos autónomos se encontrarán con una desagradable sorpresa al final de este ejercicio. La razón es que, actualmente, la mayoría de los trabajadores por cuenta propia todavía continúa pagando la cuota mínima (que también ha subido), pero cuando acabe el año, como si fuera una especie de declaración de la renta para autónomos, la Seguridad Social les informará de si salen "a pagar o a devolver" con el Estado.
Reforma de pensiones
En 1 de abril de 2023 entró en vigor la segunda parte de la reforma de las pensiones aprobada también por Real Decreto el pasado 16 de marzo. La medida de Escrivá no contempla una sola disminución del gasto para reducir el agujero del Estado y el ministro sólo se decanta por subir los impuestos, lo que pone todavía más en jaque las cuentas de la Seguridad Social.
Desde ahora a 2050, Escrivá planea elevar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumentando todas las cotizaciones sociales de 1,2 puntos para todos los niveles salariales (este año ya lo ha elevado un 0,6%) además de incrementar las bases máximas de cotización (lo que perjudicará todavía a más trabajadores) y aplicará una "Cuota de Solidaridad" también a los empleados que más ganan.
Según el último informe de la Airef, al final del periodo transitorio de cada una de estas medidas, el Estado habrá conseguido ingresar 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales, es decir, unos 12.000 millones tomando la cifra del producto interior bruto de 2022. A esa cuantía habrá que sumarle la subida del MEI en el sistema de cotizaciones del régimen de autónomos, que tendrá un impacto de 5 décimas de PIB una vez finalice el periodo transitorio. Es decir, el sablazo a los autónomos será de otros 6.666 millones.
Mientras tanto, por el lado del gasto, el Gobierno también ha aprobado la revalorización de las pensiones al IPC. Solo en 2023, indexar esta subida al 8,5% de inflación ha supuesto un coste extra de 13.600 millones de euros en los Presupuestos.
Reforma laboral
Volviendo a usar el Decreto Ley a su antojo, el 28 de diciembre de 2021 el Gobierno publicó en el BOE la reforma laboral de Yolanda Díaz. Desde su entrada en vigor el 31 de diciembre de ese mismo año, la norma de la ministra de Trabajo ha obligado a las compañías del país con más paro de la Unión Europea a modificar millones de contratos con el supuesto objetivo de acabar con la temporalidad.
Sin embargo, el verdadero efecto de esta medida ha sido un efecto maquillaje sin precedentes. La norma de Yolanda Díaz prohibió el contrato por obra y servicio y encareció los contratos temporales haciendo que muchos de ellos pasen a la modalidad de fijo-discontinuo convirtiendo por arte de magia empleos "temporales" en otros considerados "fijos", aunque esta transformación no significa que esos empleados vayan a estar más tiempo trabajando que antes.
Así, el resultado es que el Ejecutivo ha disfrazando la temporalidad del país dando lugar a fenómenos laborales insólitos como el medio millón de fijos discontinuos que están en casa sin trabajar y no cuentan como parados, personas que firman varios contratos "fijos" al mes o el récord de los despidos de indefinidos en el periodo de prueba.
En materia laboral el gobierno de PSOE y Podemos ha aprobado otras leyes como la 1/2020 de 15 de julio en la que derogaba el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo. De nuevo, una norma que endurece el mercado laboral y dificulta la contratación en España. Al mismo tiempo, se ponía en marcha la Ley 4/2021 de 12 de abril en la que se regulaba un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena. De nuevo, más problemas para los empresarios, que estaban obligados a pagar el 100% del sueldo de sus empleados, aun teniendo su negocio cerrado.
Subida SMI
Este año, el Gobierno también ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por la vía del real decreto. En concreto, Sánchez ha fijado el SMI en 1.080 euros mensuales en catorce pagas (15.120 euros al año), lo que supone la cuarta subida de la legislatura y afecta directamente a las pequeñas empresas y los autónomos, que son los que más dificultades tienen para cumplir con esta medida intervencionista.
Nunca antes en la historia de nuestro país un presidente del Gobierno ha rebajado el SMI con el objetivo de flexibilizar el mercado laboral, por lo que es improbable que Feijóo se atreva a tocar este indicador a pesar de que contribuye a generar todavía más paro (y entre los menos cualificados), como ya han advertido el Banco de España o la AIReF.
Prohibición de explotación de materias primas
El Gobierno aprobó en mayo de 2021 la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. En esta norma, en la que se establecían unos ambiciosos objetivos, por Ley, de emisiones de CO2 en los años venideros, también se establecía la prohibición taxativa de exploración de nuevos minerales y recursos energéticos, así como la explotación de materias primas, renunciando, directamente, a lograr la autosuficiencia energética. En cambio, garantizaba vía libre a las concesiones de instalación de energía eólica y fotovoltaica por toda España.
Ley de cuotas
Se aprobó en 2019, en Consejo de Ministros (decreto Ley 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades en mujeres y hombre en el empleo y la ocupación). Esta Ley, más allá de su bienintencionado título, establece la discriminación por razones de género en la contratación en empresas privadas.
Además, obligaba a las empresas de más de 50 empleados a elaborar planes de igualdad con medidas evaluables, y se creaba un registro de planes de igualdad de empresas. Estando éstas obligadas a inscribir sus respectivos planes en el mencionado registro.
Ley Rider
Aprobada en mayo de 2021 y entrando en vigor en agosto de ese mismo año, esta Ley, una de las normas estrella de Yolanda Díaz, atacaba directamente el sentido mismo del emergente sector de los servicios a domicilio. Bajo el pretexto de querer sobreproteger a los autónomos que decidían libremente prestar el servicio de mensajería a domicilio, ya sea de recados, ventas o comida, el Ejecutivo puso en la diana a las compañías que componían este modelo de negocio y expulsó a muchas de ellas, entre otras, la más insigne de todas: Deliveroo.
Desde el momento de su aprobación, la norma fue muy criticada por asociaciones de repartidores. Así, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a las principales plataformas de food delivery en España, Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, advirtió en su día de que esta ley pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español.
Renta Garantizada
Ha sido otro de los grandes proyectos de este Gobierno. Un proyecto que, además de ser nefasto en términos de gasto, ha supuesto un problema burocrático colosal. Se trata del Ingreso Mínimo Vital, una norma que pretendía subsidiar a aquellas familias cuyos ingresos no alcanzasen los 460 euros, de manera que el Estado completaba la cantidad necesaria hasta llegar a ese umbral. Sin embargo su puesta en marcha no puede calificarse de otro modo que de desastre.
En cualquier caso, es difícil pensar que un nuevo gobierno del PP vaya a derogar una norma que votó favorablemente en el Congreso.
Otras disciplinas
Estas sólo en terreno económico. Sin embargo, en otros ámbitos hay muchas leyes que también podrían ser derogadas, como la Ley del sólo sí es sí, la Ley de Memoria Histórica o la eliminación del delito de malversación de fondos públicos o de rebelión, y la rebaja de la sedición. También la ley de Bienestar Animal, que va contra el campo, y la ley Trans, entre otras.