La legislatura se amolda al nuevo tono. Y el nuevo tono es el de un rodillo impuesto por Pedro Sánchez que afectará desde la Justicia, hasta los medios y, por supuesto, al área económica. Y si ese área económica se mezcla con las exigencias separatistas el rodillo se convertirá en apisonadora.
El Senado tiene mayoría constitucionalista. Y eso implica que la ley de techo de gasto impulsada por el Gobierno de Sánchez —condición indispensable para poder aprobar, a su vez, la Ley de Presupuestos de cada año— tiene que contar con el voto a favor del PP. Sánchez trabaja ya en una reforma legal que acabe con este condicionante.
Pero, mientras logra dar ese paso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado con un mecanismo de chantaje al PP que pagarán todos los habitantes de sus respectivas comunidades autónomas: en caso de que no puedan aprobar la expansión del gasto público para dar cabida a las exigencias de los partidos separatistas, Hacienda buscará hueco a ese despilfarro quitando posibilidad de gasto a las comunidades gobernadas por el PP.
El Consejo de Ministros ha aprobado ya el límite de gasto no financiero para 2024. Pero necesita el voto favorable del PP en el Senado para contar con el exigido respaldo legal y poder recoger en el BOE los 199.120 millones de euros de gasto que implica esa norma. Se trata de una auténtica locura —representa un incremento del 0,5% respecto a la cifra de 2023 (198.221 millones), que ya era disparatada— que sólo encuentra explicación en la necesidad del PSOE de pagar todos los apoyos a su investidura procedentes de una veintena de partidos.
Esta cuantía incluye las transferencias provenientes de los fondos de recuperación europeos. Pero, si se quitan las subvenciones europeas, el límite de gasto tan sólo baja hasta los 189.215 millones, un montante que representa un aumento del 9,3% respecto al año anterior (173.065 millones) y que da una idea del esfuerzo fiscal que tendrán que hacer todos los contribuyentes españoles para abonar semejante montaña de gasto.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es consciente de los problemas legales para aprobar este techo de gasto, teniendo en cuenta que quien manda en el Senado es el PP. Pero ella ha explicado internamente que este techo de gasto tiene un as en la manga.
Hacienda contempla una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas en 2024, con una tasa del 0,1%, frente al equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad del pasado abril. Esa décima, así, da más margen al gasto de las comunidades autónomas a cambio de que sea asumido un supuesto control por parte de la Administración Central, cuyo déficit en 2024 será del 2,7%, según el objetivo trasladado por Montero.
Pero lo cierto es que el reparto de esa capacidad de gasto puede depender de cómo se porte el PP, porque si no aceptan el aumento del gasto, sus comunidades tendrán que seguir soportando la vieja disciplina de déficit.
Y todo ello ocurre mientras Pedro Sánchez ha envidado igualmente a María Jesús Montero a divulgar una falsedad anticipadora de una grave consecuencia. Sánchez quiere regalar a la Generalidad catalana una cantidad ingente de fondos exigidos por el separatismo y, entre otras cuestiones, permitirles no aportar al sistema de solidaridad del resto de territorios con menos recursos.
Montero ha salido a negar que Madrid sea el soporte real —gracias a las rebajas fiscales— del modelo de solidaridad español. Estos son los datos reales, sacados de Fedea y de las fuentes públicas, sobre quién aporta y cómo aporta a los fondos sanitarios, educativos y sociales de las regiones donde viven gente con menores ingresos: Madrid paga el 71% del Fondo de Garantía del resto de CCAA y tres veces lo que Cataluña. Pero eso es lo de menos. Sánchez quiera gastar más y está dispuesto a todo a cambio de hacerlo.