La Abogacía General del Estado española ha presentado la solicitud de anulación del laudo del arbitraje entre España y la energética alemana E.ON. El gigante corporativo teutón denunció a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables y logró prevalecer en un procedimiento juzgado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que impuso a España una indemnización que ronda los 300 millones de euros.
Con esta acción, el Ejecutivo busca revertir la decisión del 18 de enero de 2024, fecha en la cual el tribunal del CIADI, formado por Mark A. Kantor, Laurence Boisson de Chazournes y Andrés Jana Linetzky, condenó a nuestro país a pagar una de las indemnizaciones más abultadas de todas las que se han impuesto al Reino de España por esta controversia.
El 23 de mayo de 2024, España solicitó la anulación del laudo, lo que se traducirá de momento en la suspensión de su ejecución práctica. La compañía germana había presentado su demanda original en agosto de 2015, invocando el Tratado de la Carta de la Energía y reclamando más de 324 millones de euros. Ahora, se abre un proceso que podría extenderse en torno a dos años, a la luz de expedientes similares, y que pretende dilatar los tiempos de ejecución de una condena millonaria.
La estrategia de reclamar la anulación ha sido una constante en la estrategia de la Abogacía del Estado español, pero solamente ha prosperado en dos casos vinculados a las empresas Eiser y Novenergia. El primero de estos dos procesos quedó suspendido al detectarse un conflicto de interés que afectaba a uno de los árbitros, lo que forzó a reiniciar un arbitraje cuya resolución podría conocerse antes de final de año. El segundo llegó a su fin en un tribunal sueco.
Indemnizaciones impagadas por más de 1.550 millones
La decisión del gobierno español de negarse a pagar los laudos internacionales que condenan a nuestro país a pagar 1.550 millones de euros a veintiséis empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables ha generado una serie de litigios orientados a recuperar el dinero a través del embargo de bienes y activos de España en el extranjero. Hasta ahora, la incautación de bienes ha sido aprobada por los más altos tribunales británicos y se espera que, entre 2024 y 2025, se aprueben medidas similares en Australia y, posiblemente, en Estados Unidos.
Entre los embargos autorizados hasta la fecha se incluyen el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, la sede del Instituto Cervantes en Londres, la sede de promoción exterior de la Generalidad de Cataluña en la City y la Escuela Internacional Vicente Cañadas entre otros. Además, las empresas afectadas han declarado un default técnico sobre cuatro bonos de deuda soberana y han logrado el embargo de cuatro cuentas bancarias del Reino de España.
Asimismo, las 26 condenas contra España llevan aparejados distintos sobrecostes legales (contratación de abogados y consultores), procedimentales (condenas en costas y financiación de los arbitrajes) y financieros (intereses de demora) cuya factura asciende a 250 millones.