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Más impuestos, más cotizaciones, ninguna reforma: ¿qué propondrá el Pacto de Toledo?

Los partidos parecen convencidos de que el problema de la Seguridad Social es de ingresos y no de gastos. No habrá una reforma integral del sistema.

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Imagen de archivo de Fátima Báñez, durante una comparecencia en el Congreso, en la Comisión del Pacto de Toledo. | Ministerio de Empleo

Pacto de Toledo: tras ese nombre se esconde la comisión del Congreso de los Diputados encargada de proponer las líneas maestras de la próxima reforma de las pensiones. Todos los partidos están implicados en la misma (bueno, desde el 1-O no queda muy claro si los independentistas catalanes seguirán o no) y es una de las comisiones más activas del Congreso, con numerosas comparecencias, reuniones, grupos de trabajo… De hecho, lleva desde el comienzo de la legislatura trabajando y se espera que ponga sobre la mesa algún tipo de documento en los próximos meses, aunque nadie habla de una fecha concreta (incluso, ya hay informaciones que apuntan a que todo podría retrasarse uno o dos años, por las dificultades de poner de acuerdo a todos los grupos).

En teoría, del Pacto de Toledo no saldrá una reforma legal definida. No es su tarea. Lo que hace la Comisión es plantear recomendaciones de carácter general. Luego, es trabajo del Gobierno y de los grupos negociar cómo se concretará eso negro sobre blanco. Por eso es más fácil conseguir la foto del acuerdo en el Pacto que luego la aprobación de la reforma legal.

Pero que sean recomendaciones generales no le quita importancia a lo que se esté hablando. Ni mucho menos. Para empezar, porque si todos los partidos alcanzan un consenso sobre un punto, luego no tendría mucho sentido que la reforma subsiguiente no recogiera, al menos en parte, este acuerdo. Pero además, porque de lo negociado, lo aprobado, lo acordado y lo apartado para que no moleste… de todo ello se pueden extraer conclusiones muy interesantes sobre la posición de cada partido en este tema.

Lo primero que hay que tener claro es que nadie plantea (nadie quiere) una reforma estructural del sistema de pensiones. Ya no hablamos de pasar a un modelo mixto similar al de Holanda o Dinamarca. Ni siquiera un sistema como el sueco, de reparto pero con cuentas nocionales, está sobre la mesa. Sí, el Instituto Santalucía hacía una presentación en este sentido el pasado lunes, pero en el Congreso, ni está ni se la espera.

La tormenta perfecta

Dicho esto, la cuestión está en cómo pagar el actual sistema. Y no es sencillo. Las previsiones hablan de un incremento en el gasto que seguirá produciéndose de forma inevitable: cada vez hay más pensionistas y los nuevos cobran una pensión media más que los que fallecen. Hablamos de una cuestión estructural, que va más allá de crisis y recuperaciones: desde comienzos de siglo, las prestaciones contributivas crecen al doble de ritmo que las cotizaciones.

Sin embargo, a pesar de todo, entre los partidos políticos españoles la posición mayoritaria es que estamos ante un problema de ingresos, no de gastos. Todas las declaraciones públicas, de PP a Podemos pasando por PSOE o Ciudadanos, apuntan en la misma dirección: mantener a toda costa el nivel de las prestaciones actuales. Luego hay matices. Por ejemplo, los populares hacen hincapié en lo positivas que han resultado las dos reformas de 2011 y 2013 para asegurar la sostenibilidad del sistema y la izquierda quiere derogarlas (sí, las dos, incluso la que aprobó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero).

Y si crees que el problema es de ingresos, tus soluciones irán por ahí. Por eso, todo apunta en la misma línea: subir impuestos (muchos y de forma variada) y pasar todas las partidas posibles a los Presupuestos del Estado (donde se pagarán vía impuestos). De contener el gasto se habla poco. Si acaso, cargarse los índices de revalorización y el factor de sostenibilidad de 2013. Es decir, subir la factura. Muchos pensionistas pueden creer que es una gran noticia para ellos. El problema es que se esté gestando una tormenta perfecta en el mercado laboral y de deuda pública que acabe descargando de forma abrupta en el momento más inoportuno.

-- Impuestos: en este punto hay muchas posibilidades. El PSOE llevaba en su programa un impuesto finalista para pagar las pensiones. El PP se negaba en un principio, pero ya no es tan claro y abre la puerta a la vía francesa: un tributo en teoría destinado a este fin. Normalmente, este impuesto se asocia a las grandes fortunas e incluso se habla de su carácter temporal, hasta que las cuentas de la Seguridad Social vuelvan a cuadrar. Pero ninguno de los esquemas sobre impuestos a los ricos (se piense como se piense de estos tributos y de su efecto expulsión del talento y los grandes patrimonios) serviría para cubrir el agujero del sistema: como ya explicamos durante la campaña electoral del pasado año, ni el impuesto a los ricos de Sánchez ni el IVA de lujo de Podemos cubren una mínima parte de sus promesas de incremento del gasto ni tampoco del déficit de las pensiones. Suenan bien a parte del electorado, porque parece que cuadran el círculo de que casi todos ganemos a cambio de unos pocos que pierden, pero las cifras no salen.

Pero no hablamos sólo de crear un nuevo impuesto o meter un "recargo de solidaridad", como lo llaman, en alguno de los existentes. Encima de la mesa hay numerosas opciones de subidas tributarias respecto a la situación actual. En lo que toca a las cotizaciones, habrá palo a los trabajadores casi seguro: subidas de bases máximas sin que las pensiones máximas suban en la misma proporción, hacer pagar a los autónomos en función de su facturación, equiparación de todos los regímenes especiales con el general (equiparación siempre al alza, por supuesto)… Y no se descartan subidas en impuestos que, aunque no se diga que van de forma específica a las pensiones, en parte busquen este objetivo.

-- Fuentes de financiación y Presupuestos: en este tema sí hay acuerdo. También aquí encontramos algo de ese lenguaje político que oculta más que aclara. Cuando se habla de "separar las fuentes de financiación", en realidad lo que se quiere decir es que las políticas de promoción de empleo ligadas a las cotizaciones (sobre todo las bonificaciones a la contratación o tarifas planas) se paguen con los presupuestos del ministerio de turno.

Del mismo modo, cuando se pide que la Seguridad Social clarifique sus gastos y que se centre en la parte contributiva del sistema, lo que se esconde detrás es la intención de pagar vía Presupuestos del Estado todo aquello que no sean pensiones contributivas: desde los gastos administrativos del organismo hasta las prestaciones de viudedad y orfandad.

Puede tener sentido desde un punto de vista de técnica presupuestaria. Pero no nos engañemos, nada de lo anterior sirve para solucionar el problema. Porque no se van a dejar de pagar las bonificaciones ni se va a dejar a las viudas sin pensiones. Simplemente, se sacará el dinero de otra caja. Y habrá qué pagarlo. ¿Cómo? Pues o recortando otras partidas del presupuesto o subiendo impuestos. No hay más alternativas.

Es cierto que con estas dos operaciones se cambiarían los titulares. Al menos durante unos años, dejaríamos de escuchar "el déficit de la Seguridad Social ascendió a…". Pero cuidado, a cambio, lo que tendríamos es un déficit del Estado muy superior. No deja de ser un truco, un malabarismo contable de corto recorrido. Al final, todos los gastos de las administraciones públicas dependen de lo que se recaude vía impuestos (ya se llamen impuestos o cotizaciones). Mover partidas de un lugar a otro no es una reforma y, sin duda, no cambia la factura final que el trabajador medio tendrá que pagar de una forma u otra.

-- Reformas 2011 y 2013: alrededor de esta cuestión está la gran duda, ¿se tocarán las reformas de 2011 y 2013? La primera endurecía los criterios de acceso al sistema: edad de jubilación, años para calcular la base, años para cobrar el 100% de la pensión, descuentos por jubilación anticipada… La segunda aprobaba los dos índices que aseguran la sostenibilidad financiera del sistema: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que sustituye al IPC y el Factor de Sostenibilidad (FS).

Tanto la reforma de 2011 como el FS están más libres de riesgo. Y eso que, desde un punto de vista del gasto y los recortes, son más importantes. Pero también son menos comerciales, porque la gente no los entiende tanto y porque no hay que renovarlos año a años. Con el IRP hay más problemas. PSOE y Podemos quieren derogarlo y volver al IPC. En el PP y en Empleo sienten que eso pondría en peligro las cuentas del sistema (y la palabra dada a Bruselas). Ciudadanos por ahora parece más cerca del Gobierno, pero podría cambiar de bando. Será una batalla interesante.

Si hay un endurecimiento del régimen (poco probable escuchando a unos y otros) quizás venga por la edad de jubilación. Ahora mismo no parece que vayamos a ir a los 70, pero sí podrían limitarse las opciones de jubilación anticipada y penalizar a los que quieran retirarse antes de la edad legal. España ya tiene un sistema que castiga más de lo debido (al menos si se hace una cuenta actuarial pura) a los que se retiran antes de lo marcado por la ley. Desde un punto de vista financiero, es lógico. Pero a cambio se elimina flexibilidad en el mercado de trabajo y pagan justos por pecadores. En los países de Europa con reformas más avanzadas se marcha hacia una jubilación muy flexible, en la que cada uno escoge si antes (con prestación más baja) o después (más elevada) pero sin estar tan atados a esa edad teórica. En realidad, en eso consisten las cuentas nocionales. Por ahora, en España, a falta de una reforma estructural, todo esto tendrá que esperar.

-- Fondo de Reserva: la cortina de humo del Fondo de Reserva (la famosa hucha de las pensiones) volverá a estar en el debate. Los grupos de izquierda quieren que se prohíba al Gobierno usarlo para otros usos que no sean el pago de pensiones. Pero es que es para eso para lo que se ha usado. En cierto sentido, es otro debate artificial, como el de pagar viudedad con el Presupuesto. La realidad es que el Fondo de Reserva está invertido al 100% en deuda pública española, que apenas cubre una mensualidad del sistema y que es más propaganda política que un seguro. Si el Reino de España tiene un problema a futuro en las cuentas públicas y pierde acceso a los mercados de deuda… tener 15.000 o 30.000 millones en la hucha de la Seguridad Social no cambiará demasiado el destino de sus pensionistas. Todas las deudas del sector público (las emitidas y las implícitas, como las pensiones) se respaldan con la solvencia del conjunto del Estado. El resto son juegos de palabras.

De Alemania a Grecia

En resumen, el dibujo que queda es preocupante. Muchas subidas de impuestos y cotizaciones; cambalache de cuentas para cambiar el titular de prensa pero no la situación real del Presupuesto total; y si acaso, anulación de parte de las reformas de 2011 y 2013, lo que implicaría una subida del gasto.

A partir de aquí, qué puede pasar. Pues hay dos escenarios posibles. Si se cumplen las previsiones más optimistas, España consigue el nivel de ocupación de Alemania y unos 3-4 millones de inmigrantes netos de aquí a 2030; si además mejoramos nuestro nivel de productividad y no cae la relación entre número de pensionistas y número de trabajadores (lo que no es nada sencillo: se necesita que entren nuevos trabajadores al sistema y que se retrase mucho la edad real de jubilación). Pues bien, si se cumple todo lo anterior, entonces quizás España pueda mantener el nivel de generosidad de su Seguridad Social sin poner en peligro sus cuentas públicas.

También hay que decir que en ese caso no habría por qué derogar las reformas de 2011 y 2013. De hecho, si todo fuera a salir tan bien, no habría que hacer nada. Los cambios introducidos en los últimos años sólo sirven para ajustar de forma automática el sistema a sus ingresos y gastos. Es decir, el IRP y el FS no implican una bajada de pensiones. Implican una bajada de pensiones si no hay al mismo tiempo una subida de ingresos. Pero por el mismo motivo, si hay esa inyección desde las cotizaciones, el IRP y el FS darían como resultado una subida de las prestaciones.

El problema de derogar las reformas o jugárselo todo a la carta de los ingresos es que se estrecha el margen de maniobra si las cosas no salen como uno espera. España ya no tiene el 35% de Deuda Pública sobre el PIB que presentaba al comienzo de la crisis. Está en el 100% y ha pasado por dos episodios de colapso en los mercados de deuda que estuvieron a punto de llevarse al Estado al precipicio de la quiebra. ¿Podemos permitirnos pagar durante unos años más unas pensiones algo más altas? Por supuesto. ¿Incluso derogar el IRP y volver al IPC? Pues claro. Más aún en el próximo lustro, que se intuye de bonanza y creación de empleo. Pero es problema no es ése.

La pregunta es cómo afectaría a nuestra capacidad de generación de empleo una subida brutal de costes laborales (sobre todo en los trabajadores de más formación y sueldo) como la que se intuye tras las recomendaciones de los partidos. Cómo se vería afectada la productividad de las empresas españolas si todo el peso recae, de nuevo, sobre ellas. Cómo llegarían las cuentas públicas españolas a 2025-2030 sin apenas ajustes en el Presupuesto y con la deuda implícita (la que se deriva de este tipo de promesas políticas) en máximos.

En este punto es donde surgen las grandes dudas acerca de lo que se está tramando en el Pacto de Toledo. Dar un caramelito a corto plazo a los actuales jubilados puede ser muy tentador desde un punto de vista político, pero es peligroso para la sostenibilidad financiera del sistema. Quizás podemos mantenerlo mientras no llegue otra crisis de deuda o una recesión. Pero llegarán. Y entonces no habrá margen. Grecia siempre ha sido el país de la UE que más generoso ha sido con sus jubilados. Hasta que hace unos años tuvo que comenzar a hacer recortes indiscriminados porque la caja estaba vacía y no había margen de maniobra. Prometer ahora es muy fácil. Si luego en 2030 hay que hacer un recorte del 10-15% de un día para otro, quién se va a acordar de quiénes formaban parte de la Comisión del Pacto de Toledo que no se enfrentó a la realidad y se quitó de encima la patata caliente de las pensiones. Pues no demasiada gente. De nuevo, también aquí, los incentivos de los políticos y de sus votantes están muy mal alineados.

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