La inflación ha roto la barrera de los dos dígitos en junio y el IPC ha alcanzado la friolera del 10,2%, lo que supone el nivel más alto desde abril de 1985. Este dramático resultado no hace más que corroborar que la escalada de precios se ha cronificado y que la erosión de la riqueza que se está produciendo en nuestro país es mucho más grave de lo que el Gobierno había anticipado.
Entre las medidas que ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para intentar contener la inflación se encuentra la rebaja del IVA de la luz hasta el 5% (que no hay que olvidar que tiene letra pequeña) o la subvención a la gasolina. Eso sí, el Gobierno se ha negado en redondo a aprobar otras medidas de calado, como deflactar la tarifa del IRPF. Es decir, tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar este impuesto.
Por tanto, en plena tormenta inflacionista, Hacienda está haciendo una suculenta caja gracias al tributos como el IRPF o el IVA. La voracidad del departamento que dirige María Jesús Montero explica que las arcas del Estado hayan ingresado hasta el mes de mayo casi 100.000 millones de euros, un 19% más y todo un récord recaudatorio para Montero.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo se embolsa pingües beneficios con la subida de precios está impidiendo que lo otros lo hagan. Y el caso de los propietarios de vivienda en alquiler es el mejor ejemplo.
Empobrecer a los caseros
El pasado mes de marzo, el Gobierno estableció que las revisiones de precios de los alquileres, que suelen hacer cada año los dueños de los pisos, no podrán ser superiores al 2%, a pesar de que la inflación rozaba ese mismo mes el 9,8%, casi 5 veces más. Esta medida, además de contribuir a empobrecer a los propietarios de los inmuebles en beneficio de los inquilinos, golpea directamente el derecho a la propiedad privada ya que supone, de facto, una intervención en los precios. El Gobierno ha prorrogado la medida hasta el 31 de diciembre.
El sector inmobiliario ha calculado que el Gobierno está haciendo perder 1.000 millones de euros a los caseros por esta limitación del alquiler. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) denuncian otros efectos perniciosos que se están dando en el mercado como el "fuerte incremento de alquileres que finalizan y no se renuevan, pasando estos a la compraventa" o las "viviendas en peor estado" porque los propietarios no pueden permitirse arreglarlas ante la merma de su poder adquisitivo. No hay que olvidar que los pequeños arrendadores representan en torno al 90% de los alquileres que se constituyen en España.
Una realidad que deja en evidencia la ineficacia de las políticas intervencionistas en mercados como el de la vivienda es que fue, precisamente, el Gobierno de Sánchez el que impuso hace dos años que los precios de los alquileres no se podían actualizar nada más que según la inflación (en lugar de seguir permitiendo que propietarios e inquilinos pactaran libremente las subidas).
El ‘roto’ de pensionistas y funcionarios al Estado
Eso sí, al colectivo que el Gobierno no se atreve a enfadar ante la escalada de la inflación es al de los pensionistas, un grupo aglutina a más de 9 millones de votantes. El Ejecutivo ha prometido que actualizará las pensiones con el IPC de 2022, sea "el que sea", por lo que se avecina un desorbitado agujero en las cuentas públicas.
Tanto es así, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la factura de la revalorización de las pensiones conforme al IPC será de 13.000 millones de euros en 2023, lo que apenas otorga un margen de 2.000 millones más para el resto de partidas.
Sin embargo, todavía queda por decidir la actualización de los salarios del colectivo de funcionarios. En principio, el Gobierno se niega a que sea con la inflación media, lo que ha provocado que los trabajadores públicos amenacen con manifestaciones. Aunque la revalorización de los sueldos de los funcionarios no alcance el nivel medio de 2022, el roto a las cuentas del Estando también será considerable. Según los cálculos que Funcas le ha facilitado a Libre Mercado, cada punto de revalorización del salario de los 2,8 millones de asalariados que tienen las Administraciones Públicas implicaría un incremento del gasto de 1.500 millones de euros en los Presupuestos.
