El Consejo de la UE ha aprobado este martes un paquete de medidas verdes que endurece los objetivos climáticos para 2030, año en que pretenden que las emisiones de CO2 se hayan reducido un 55%. Entre las medidas, destaca el fin gradual de los derechos de emisión gratuitos desde 2026 para la aviación y la industria. Y empezarán a pagar por lo que emiten el transporte marítimo, los edificios y el transporte por carretera.
También se crea el Fondo Social del Clima: una herramienta que supone la admisión implícita de que los planes verdes europeos no van a salir gratis. El fondo tendrá como objetivo apoyar "a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios de transporte vulnerables". Aunque, según la UE, el "Pacto Verde Europeo" debería "contribuir a medio y largo plazo a la reducción de la pobreza energética y de transporte" al "acelerar" la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, el documento admite que en el corto plazo no será así y señala como "probable" que "aumente el coste de calefacción, refrigeración, cocina y transporte por carretera que soportan los hogares y los usuarios del transporte" ya que "los proveedores de combustible", sometidos al pago ahora de los derechos de emisión, "repercutirán los costes del carbono a los consumidores". Los precios, pues, subirán.
El texto aprobado reconoce que "la transición climática va a tener una repercusión económica y social difícil de evaluar". Apunta que para "alcanzar los objetivos climáticos más ambiciosos" habrá que destinar "un volumen sustancial de recursos públicos y privados". Cita, entre otras inversiones, las calefacciones basadas en energía renovable (cabe recordar que la UE también ha puesto fecha de fin a las calderas que funcionen con combustibles fósiles) y sistemas de bombas de calor, y apunta que será necesaria "una financiación específica" para apoyar a "los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables".
¿En qué consiste esa vulnerabilidad de la que habla la UE? El texto recoge cómo "la pobreza de transporte podría convertirse en una cuestión acuciante para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática", admitiendo cómo habrá ciudadanos que por sus "bajos ingresos", los "elevados gastos de combustible o la falta de transporte público o privado asequible o accesible" se enfrenten a "una disminución del acceso a actividades y servicios socioeconómicos esenciales, como el empleo, la educación o la asistencia sanitaria". Cita, entre los más amenazados, las rentas bajas pero también los hogares de zonas rurales, remotas y "zonas periurbanas menos desarrolladas".
También alude a la "pobreza energética", "una situación en la que los hogares no pueden acceder a servicios energéticos esenciales para preservar unos niveles de vida y salud dignos, como un nivel de calor adecuado a través de la calefacción, la refrigeración cuando suben las temperaturas, la iluminación y la energía para los aparatos eléctricos". A ellos irán dirigidas las ayudas derivadas de este endurecimiento de las directivas verdes de la UE, que añade que este tipo de "pobrezas" afectan "de manera desproporcionada a las mujeres, en particular a las madres solteras", las mujeres solteras, las discapacitadas y las mayores que viven solas. Además, añade, "los patrones de movilidad de las mujeres son diferentes y más complejos".
Ayudas "directas" de la UE
El fondo consistirá en planes nacionales con "ayudas temporales y directas a la renta" así como "medidas e inversiones orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles". Cada país tendrá que presentar a la Comisión su "plan social para el clima", como tarde el 30 de junio de 2025, que tendrá que ser sometido al escrutinio de la Comisión Europea. Contempla, entre otras cosas, "bonos, subvenciones o préstamos sin intereses" en el caso de las ayudas para la eficiencia de los edificios. En cuanto al transporte, "los Estados miembros deben poder dar prioridad en sus planes al apoyo a los vehículos de emisión cero, siempre que se trate de una solución asequible y factible".
En cuanto a la procedencia de los fondos, se financiará "de forma excepcional y temporal" con lo que se recaude de los derechos de emisión que se imponen al transporte por carretera y a los edificios. Cada estado miembro deberá contribuir "con al menos el 25 por ciento de los costes totales estimados en sus planes". Los pagos, en cualquier caso, estarán "supeditados a la consecución por parte del Estado miembro" de determinados hitos, relacionados con "la eficiencia energética, la renovación de edificios, la movilidad y el transporte de emisión cero y de baja emisión, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción del número de hogares vulnerables, en particular de los hogares en situación de pobreza energética, microempresas vulnerables y usuarios del transporte vulnerables".
Proponen, además, inversiones "con impacto duradero", entre las que citan "la electrificación de la calefacción", la "concienciación en cuanto a las medidas e inversiones rentables", facilitar "el acceso a vehículos de emisión cero" con ayudas para la adquisición de dichos vehículos", así como "incentivar el uso de un transporte público asequible y accesible" y "una movilidad sostenible a la carta".