Nick Cherryman ha sido incluido año tras año en la lista Legal 500 como uno de los abogados más importantes del mundo. Socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim, cuenta con una larga trayectoria en el campo del derecho mercantil internacional y la resolución de situaciones de impago mediante procedimientos especiales de embargo e incautación de activos.
El Reino de España está sufriendo la aplicación de estas medidas excepcionales debido a la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de incumplir el pago de las indemnizaciones reconocidas por los tribunales internacionales a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Estos laudos instan al Ejecutivo español a compensar a los afectados con indemnizaciones por valor de 1.200 millones de euros, pero Moncloa se ha negado a cumplir tal obligación, colocando a nuestro país en una situación inaudita.
Puesto que España se codea con Venezuela y Rusia en el ranking que contabiliza el número de sentencias internacionales pendientes de pago, Nick Cherryman y su equipo se han puesto manos a la obra y han puesto en marcha el proceso de embargo de bienes como la indemnización por la catástrofe del Prestige, que supera los 900 millones.
Cherryman reconoce que no es habitual ver a un país como España comportándose de esta forma: "El presidente Pedro Sánchez pronunció recientemente un discurso sobre las prioridades de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea y mencionó en su alocución una serie de principios, como el avance hacia una transición ecológica o la reivindicación de la importancia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Irónicamente, estos son principios que su gobierno está socavando en el marco del impago de las sentencias que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas a las renovables".
Para el jurista, "España está socavando su propia credibilidad y perseverar en este tipo comportamiento tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía, a raíz de un deterioro en las condiciones de financiación y de los niveles de inversión extranjera". En su opinión, "tampoco tiene sentido que España pida a Bruselas que catalogue el eventual pago de las indemnizaciones como una "ayuda de Estado" improcedente, puesto que los convenios internacionales de los que España es firmante reconocen la plena legitimidad de los laudos".
Dejar el Tratado de la Energía, un grave error
En relación con la decisión de la Unión Europea de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, Cherryman considera que esta decisión impulsada por el gobierno español "envía un mensaje negativo a los inversores y supone un paso atrás. Lo peor de todo es que, mientras se anuncia la retirada del acuerdo, no se acuerda ninguna alternativa que ofrezca protección o garantía alguna a los inversores. Por lo tanto, el riesgo-país se incrementa y, ante la pérdida de protecciones y garantías jurídicas, invertir en el sector energético europeo será ahora mucho menos atractivo".
"Lamentablemente, esta circunstancia es coherente con la forma en que los inversores en energías renovables han sido tratados por España, que ha exhibido una evidente falta de respeto hacia la seguridad jurídica y el derecho internacional con su decisión de incumplir los laudos arbitrales internacionales. Con tales acciones, los inversores en energías renovables han sido tratados como ciudadanos de segunda", concluye.