Pensamos en la investidura y se nos aparece en la cabeza la imagen de Carles Puigdemont. Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz. El gran protagonista del próximo debate será el prófugo de Waterloo. Porque tiene los votos, y así lo ha hecho saber, que garantizan que el actual inquilino de La Moncloa podrá continuar en su morada los próximos cuatro años.
Los periodistas hacemos cuentas y no son muy complicadas. La aritmética parlamentaria es muy clara: o consigue todos los votos de los partidos que no son PP y VOX (que suman 170 escaños) o no gobernará. Es verdad que con Coalición Canaria (lo de UPN parece descartado), la votación podría salir adelante con la abstención de algún partido. Pero tampoco hay mucha diferencia: para lograr esa abstención el coste en la negociación será el mismo (más o menos) que el que pagaría el PSOE para lograr el voto positivo. Porque el voto en contra de PNV, ERC, Junts o Bildu le haría perder la votación. Es más, en las últimas semanas, incluso Podemos ha insinuado que podría dar la orden a sus cinco diputados (encuadrados en Sumar) de que complicaran la investidura si no obtiene lo que desea.
¿Es esto relevante? Mucho. Por la pura lógica política. Pero también por las implicaciones económicas. Porque la próxima legislatura será muy complicada y la clave no reside sólo en saber si la investidura saldrá adelante, o si lo hará con amnistía o incluso con referéndum pactado. Eso se da por hecho (que Sánchez entregará al nacionalismo catalán lo que necesite) y casi parece que está todo el pescado vendido por ahí. Pero lo otro: gobernar cuatro años, ir sacando presupuestos, pactar reformas con Bruselas y sus socios... no será coser y cantar.
Cuatro preguntas
Con este panorama, para los próximos cuatro años podemos plantear como mínimo los siguientes cuatro interrogantes:
- ¿Quién pilotará la política económica del Gobierno?
Sánchez se presentó a las elecciones casi como si formara parte de un ticket, un poco a la americana: una foto para él y otra para Nadia Calviño, a la que nos han vendido como la cara fiable, la economista que conocen en Bruselas, el dique de contención ante los desafueros podemitas. Ésta es la imagen que nos han querido transmitir en los últimos cuatro años.
Eso sí, apenas unos días después de las elecciones supimos que lo del ticket era más propaganda que realidad. Calviño en realidad lo que quiere es un cargo internacional (ahora mismo puja por la dirección del Banco Europeo de Inversiones) y se ha publicado en todos los medios que incluso llegó a un acuerdo con el presidente, para mantener su apoyo como bastión económico del Gobierno a cambio del respaldo de Sánchez a su candidatura cuando hubiera que negociar en la UE. Más allá de la consideración moral que cada uno tenga sobre este movimiento (presentarse ante los electores como la imagen de la economía del próximo Gobierno cuando sabes que como mucho estarás 3-4 meses en el cargo), esto nos deja una gran duda. ¿Quién será el nuevo mandamás del área económica?
Porque Calviño ha dirigido esta parcela con mano de hierro desde 2018, conteniendo (nos dicen) las peticiones más estrambóticas de sus socios. ¿Hay algún sustituto? Entre los lugartenientes de Sánchez en el PSOE no se intuye ninguna cara con suficiente peso para la tarea. Tampoco es necesario que sea conocido (la actual vicepresidenta no lo era antes de ser nombrada), pero negociar con los socios será complejo y un recién llegado no lo tendría fácil. ¿Quién será? Por ahora, es un misterio.
- ¿Qué le pedirán sus socios?
Sí, amnistía y referéndum, eso ya lo sabemos. Pero, ¿y qué más?
Lo que decíamos antes acerca de la necesidad de Sánchez de amarrar los votos de todos los grupos que no sean PP y VOX tendrá importancia desde ya. No sólo Puigdemont sabe que tiene agarrado a Sánchez por donde más duele (los votos y los escaños). Todos los demás grupos de lo que se ha llamado la coalición Frankenstein están en la misma tesitura. Sería ingenuo pensar que no lo aprovecharán. Y más viendo lo que está sacando Puigdemont: si un prófugo desde Bélgica lo consigue todo, por qué no van a plantear demandas de máximos también PNV (cupo vasco todavía más ventajoso), Bildu (ley de alquiler más restrictiva), ERC (acabar con la autonomía fiscal de Madrid), Podemos (ministerios sociales con más presupuesto) o Sumar (despido reforzado, jornada de cuatro días).
Cada partido de la coalición querrá dejar su huella y marcar territorio ante su electorado. Porque, además, en el próximo año y medio habrá elecciones en el País Vasco y Cataluña, las regiones de los socios más importantes del Gobierno. Bildu y PNV, ERC y Junts: en Madrid pueden aparecer en ocasiones como aliados, pero cuando se acerque la cita con las urnas para decidir quién será el lehendakari o el presidente de la Generalidad, mostrarán su cara real (enemigos... y de los que se odian con ese rencor que nace de la cercanía).
Alguien podría pensar que eso ya pasaba en la anterior legislatura. Pero no es del todo cierto. Al fin y al cabo, hasta el 23 de julio, Sánchez tenía cierto margen en el Congreso: podía pactar unas veces con unos y otras con los de enfrente. Y si un partido subía mucho la apuesta o el chantaje, ignorarle. Ahora no puede. Sobrevivir cuatro años exige no sólo en la investidura, sino casi en cada votación (por ejemplo, cuando haya que sacar adelante los Presupuestos), el acuerdo con todos esos grupos. Esto le deja en una posición negociadora extremadamente débil y refuerza las posiciones de sus socios. No tengamos ninguna duda de que lo aprovecharán al máximo.
Podemos, por ejemplo, ¿tiene mucho que perder si hay repetición electoral? Ha sacado cinco diputados y ha diluido su marca. Mucho peor no le va a ir. ¿Podría elevar el tono hasta plantear un todo o nada con alguna ley social de las que cohesionan a sus bases? Por supuesto. De hecho, casi sería lo lógico. Y los demás, pues algo parecido.
Ahí la pregunta es: ¿cuánto puede aguantar Sánchez? ¿Qué margen le dará Bruselas? Ese sustituto de Calviño del que hablamos, ¿tragará con todo? ¿Qué será de otros ministros económicos, como José Luis Escrivá? ¿Qué políticas de máximos impondrán los partidos de extrema izquierda, desde Sumar a Bildu, pasando por Podemos o ERC para marcar territorio, diferenciarse y presentarse ante su electorado como los que más han logrado en temas sociales? ¿Alquileres congelados, limitaciones de precios de productos de primera necesidad, restricciones e impuestos especiales al sector financiero y al energético, más regulación laboral y nueva negociación colectiva, fiscalidad al alza para clases medias y altas, limitaciones a las inversiones desde el extranjero, más normativas para las grandes empresas, nuevos bonos sociales? Pues todo eso está en sus programas. Y saben que Sánchez está dispuesto a casi cualquier cosa por seguir en La Moncloa. Ninguna de las medidas apuntadas parece más complicada de aprobar que la amnistía o el referéndum, por ejemplo.
- ¿Nueva financiación autonómica?
Ya sabemos que los Emiliano García-Page o Adrián Barbón ladran más de lo que muerden. Los barones del PSOE hacen declaraciones de tono elevado (tampoco tantas ni tan elevado) cuando se inician las negociaciones sobre la amnistía o el referéndum, pero luego aceptan lo que el partido (es decir, Sánchez) impone. El mito del dirigente socialista que antepone los principios al cargo o al enfrentamiento con Ferraz hace tiempo que es sólo eso, un mito sin base real.
Dicho esto, hay un tema más delicado para ellos que las cesiones a Puigdemont: la financiación autonómica. Porque, ahí sí, se juegan su presupuesto y sus posibilidades de reelección. Todo el mundo asume que, además de los regalos político-judiciales, habrá exigencias por parte de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos (también los canarios rascarán algo) para conseguir una mejor financiación para su región. La pregunta es ¿hasta dónde se puede estirar la cuerda por este lado? Sí, sabemos cuáles son las líneas maestras del plan: que pague Madrid. Pero ni la región de Isabel Díaz-Ayuso puede con todo ni será sencillo pacar unas reglas que contenten a todos. ¿Qué dirán los dirigentes socialistas cuando se empiecen a publicar los números que demuestran que ERC y Junts se llevan fondos que deberían ser para ellos? La pela es la pela...
- ¿Cambio de rumbo en la transición energética?
La política más publicitada del Gobierno ha sido la que tenía que ver con la energía. En la práctica no ha sido demasiado consistente: por ejemplo, ese bono para rebajar el precio de la gasolina cuando al mismo tiempo estás defendiendo la necesidad de cambiar a un transporte más verde; o el récord de importaciones de gas ruso. Pero incluso así, el discurso sí ha tenido un tono monolítico: renovables, rechazo a cualquier prospección en busca de petróleo o gas, no a las nucleares...
En 2018, ese discurso era más o menos el oficial en la UE. Pero hace ya tiempo que no lo es. Cada vez más países (también, desde fuera de la UE, el Reino Unido hace unos días) están aprobando planes para retrasar sus transiciones energéticas, para reducir el castigo a los combustibles fósiles, ampliar el parque nuclear, etc... El realismo climático ha llegado a casi todo el Viejo Continente. La pregunta es si el nuevo Gobierno de Sánchez se unirá a sus socios o se quedará solo agitando la bandera verde. Una patata caliente será el calendario de cierre de las centrales nucleares: Almaraz I tiene previsto su apagón en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo en 2035. Esto quiere decir que el primer interruptor hay que bajarlo en apenas tres años. Y, por supuesto, esta decisión no se puede tomar dos meses antes.
Para cualquiera de las plantas con fecha de cierre en 2030 o anterior, si alguien quiere prolongar su vida útil, tiene que decirlo y aprobarlo ya; para que se comiencen los planes de ampliación, las reformas-obras, los ajustes que lo harían posible, el análisis económico de su viabilidad...
Este tema será muy complicado de gestionar. Cerrar la fuente de energía que te proporciona más del 20% de la electricidad del país y que te asegura el suministro sean cuales sean las condiciones meteorológicas es muy complejo. Pero no vemos a los socios de investidura de Sánchez votando a favor de las nucleares. Tampoco vemos a Teresa Ribera, la verdad. Otra pregunta, cómo será la política energética española, que ahora mismo no tiene respuesta.