El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado de atacar a las empresas por una supuesta falta de generosidad y compromiso con los trabajadores y hasta España. Pero lo cierto es que, pese a esas consignas, la Administración Pública, no es que supere la temporalidad en los contratos de las empresas privadas. Es que duplica la temporalidad del sector privado.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lleva tiempo vigilando este indicador. Y ha decidido remitir un mensaje a la Administración mostrando su "preocupación por los niveles de temporalidad que aún persisten en las administraciones públicas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año".
CSIF advierte de que "la temporalidad en las administraciones públicas afecta a 1.051.700 personas, lo que representa una tasa del 30 por ciento, el doble de la que se registra en la empresa privada. De hecho, desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, el número de personas en esta situación se ha reducido apenas en 24.500", señalan desde el sindicato.
Según la citada norma, los procesos de estabilización en marcha deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8% para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea. Y lo cierto es que, con ese 30%, resulta difícil pensar en un cumplimiento del compromiso legal.
"Por este motivo, CSIF –sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado— considera prioritario que se empiecen a diseñar los presupuestos para el próximo año con la oferta de empleo público y que se agilicen al máximo estos procesos".
Y es que la precariedad se ha convertido en el santo y seña de la reforma laboral de Yolanda Díaz. De hecho, y tomando los últimos datos a cierre de agosto, el peor de los contratos basura mostraba el mayor avance en España. Libertad Digital ya ha desvelado los informes que prueban que se extiende un tipo de contrato, no estrictamente temporal, sino diseñado para evitar el pago de sueldo el fin de semana.
Y los indicadores del mes de julio han probado que ese contrato de cinco días con inicio de la relación laboral el lunes y despido el viernes para escapar al pago de sueldo por el fin de semana se ha consolidado con la reforma laboral de Yolanda Díaz. Los datos aparecen perfectamente reflejados en la información extractada por el departamento de estudios del sindicato USO, en base a los indicadores oficiales del propio Ministerio de Yolanda Díaz.
USO destacaba ya por esas fechas que "en el conjunto de los primeros siete meses del año se han creado 595.614 empleos. Dato del que se complace el Ministerio y para el que ha sido necesario realizar 9.094.209, es decir, han tenido que realizarse como mínimo 15 contratos en estos 7 meses para consolidar un empleo". Pero, sobre todo, los datos arrojaban alguna conclusión más: "Si bien en números absolutos se está en máximos del sistema, se está produciendo una desaceleración del crecimiento, lo hacemos a un ritmo menor que lo hacíamos en 2022 y 2021. Crecemos al 2,71% mientras lo hacíamos al 3,82% en 2022 y al 4,29% en 2021".
Y, además, "realizando un seguimiento de la afiliación diaria en el mes de julio, el saldo neto al finalizar el mes es de sólo 60.986. ¿Cuál es el motivo? Pues que "el último día del mes hubo un saldo negativo de afiliación de -190.830". Es más, "todos los viernes hay un saldo neto negativo".
Efectivamente, así fue: el 7 de julio —viernes— hubo 10.944 bajas en la Seguridad Social pese a las altas de los cinco días previos. El siguiente viernes, 14 de julio, la misma escena: -29.175. El viernes 21 de julio, más de lo mismo: -20.222. Y, según se acercó el cierre de mes, aún más descarado hasta llegar al 28 de julio con una auténtica explosión: -52.036. Y, por si fuera poco, y sin ser viernes, el 31 -cierre de mes-, la traca final: -190.830.