La filial de Telefónica en Brasil, Vivo, ha llegado a un acuerdo con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el ente regulador del país suramericano. El entendimiento está llamado a poner fin a un arbitraje abierto hace dos años, en relación con el fin de una concesión asociada a la prestación del servicio de telefonía fija.
La empresa española puso en marcha un procedimiento de arbitraje en enero de 2021 y reclamó un pago de 1.800 millones de dólares (diez mil millones de reales), alegando que la decisión del gobierno brasileño había provocado un serio daño a la viabilidad de sus concesiones. El procedimiento, formalizado ante la Cámara de Comercio Internacional, se suspendió para negociar un acuerdo que ahora parece ser una realidad, de acuerdo con la prensa del país que gobierna el izquierdista Lula da Silva.
El acuerdo entre Vivo y Anatel todavía debe ser evaluado por el consejo de administración de dicho ente regulador, así como por la Fiscalía y por el Tribunal de Cuentas, aunque el consenso alcanzado a través de una negociación se antoja definitivo. Con todo, Brasil también tiene que lidiar con otras disputas interpuestas por operadores como Oi, Claro y Algar, que también denuncian desequilibrios económicos en las licitaciones referidas al servicio de telefonía fija. En octubre de 2022, el monto total reclamado por estas compañías superaba los 8.000 millones de dólares.
España sigue enredada en impagos
En marcado contraste, el Reino de España enfrenta una situación crítica con los impagos relacionados con las renovables. De hecho, la decisión del gobierno de impagar los laudos internacionales que condenan a España a pagar 1.550 millones de euros a 26 empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables ha desencadenado una serie de litigios internacionales. A esta cifra hay que sumarle en torno a 250 millones adicionales por intereses de demora, honorarios de abogados o condenas en costas.
Las compañías afectadas, que invirtieron 70.000 millones en España, están activamente buscando recuperar el dinero a través del embargo de bienes y activos de España en el extranjero. Hasta ahora, los embargos han sido aprobados por tribunales británicos y se espera que medidas similares sean introducidas en Australia y posiblemente en Estados Unidos. Entre los embargos autorizados se encuentran el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción exterior de la Generalidad de Cataluña en Londres o el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, así como cuatro cuentas de banco o cuatro bonos de deuda que han sido intervenidos y declarados en default.
Este escenario de litigiosidad e inseguridad jurídica contrasta con la resolución de conflictos de arbitraje internacional que han puesto en marcha recientemente los gobiernos de Ecuador, Italia, Argentina o, a raíz del acuerdo que ahora trasciende con Telefónica, Brasil. Mientras Lula da Silva ha optado por negociar y resolver el conflicto a través de un acuerdo que además ha facilitado un compromiso de reinversión, España sigue acumulando impagos y enfrentando embargos internacionales.