España acaba de entrar oficialmente en una especie de intervención light que, en el fondo, no se diferencia demasiado de la intervención directa impuesta a Grecia, Irlanda y Portugal.

Como dice Ayllón, "nuestro país es el principal perjudicado por la existencia de más de 20.000 sociedades... bastantes de las cuales operan en España, eludiendo así el pago de impuestos a las arcas españolas".

Desde siempre los poderosos han procurado atemorizar a la población para así someterla con más facilidad. Por eso, el liberalismo, al contrario que el socialismo, insiste en que no hay tener miedo a una sociedad de mujeres y hombres libres.

Los ciudadanos estamos pagando en el recibo de la luz los desvaríos de las Comunidades Autónomas y el despilfarro generalizado del Estado Central mientras nos hacen creer que no hay manera de reducir importes en el sistema energético.

El propio Gobierno ponía de manifiesto en el texto de la reforma laboral publicado en el BOE la eficacia de la ETT como herramienta de integración laboral, su nivel de garantías y la importancia de su papel en el mundo del empleo.

¿En qué sentido cabe considerar 'privada' a una entidad cuyos estatutos son una ley estatal, cuyo equipo directivo es nombrado en su mayoría por el Gobierno y cuyos beneficios van a parar en un 99% al Estado? En ninguno.