Las propiedades inmobiliarias de los españoles están muy atomizadas, hasta el punto de que el 95% de los pisos y casas de nuestro país están en manos de particulares. Por lo tanto, cualquier cambio a peor en el entorno regulatorio y la seguridad jurídica de la propiedad tiene un impacto directo en el bolsillo de millones de familias que, a menudo, dependen de ese patrimonio para llegar a fin de mes.
En este sentido, los últimos años han estado marcados por numerosas intervenciones en el mercado:
- Por el flanco fiscal, los cambios en el sistema catastral han supuesto una subida del 17% en diversas figuras tributarias que afectan directa e indirectamente al sector inmobiliario, como los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones.
-Por el flanco regulatorio, el gobierno ha limitado al 2% la subida de los precios del alquiler, muy por debajo de la subida del 10% que están experimentando los precios, lo que ya ha supuesto un golpe de 1.000 millones de euros a los propietarios.
- En lo tocante a los derechos de propiedad, la "okupación" y las expropiaciones se han convertido en preocupaciones de primer orden para aquellas familias que poseen activos inmobiliarios. Por ejemplo, según datos publicados recientemente por el Consejo General del Poder Judicial, el tiempo medio de demora para echar a un "okupa" se sitúa en 18,1 meses, de los cuales 9,6 meses se corresponden con los procedimientos verbales posesorios que tramitan los juzgados de primera instancia e instrucción de lo civil y 8,5 meses van ligados a las apelaciones de sentencias de juicios verbales en las audiencias provinciales.
Ante semejante panorama, no sorprende que hasta el 15% de los propietarios de viviendas que estaban dedicadas al alquiler hayan salido de este mercado y estén ahora en venta. Estos datos, favorecidos por la Agencia Negociadora del Alquiler y recogidos por El Economista, confirman el desplome que está viviendo la oferta de vivienda dedicada al arriendo, una caída directamente vinculada a la inseguridad en la que se mueven los propietarios.
Mediocre protección jurídica
No hay que olvidar, además, que, según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad publicado anualmente por el Instituto de Estudios Económicos, España figura a la cola de Europa a la hora de proteger la propiedad de sus empresas y familias. Esta circunstancia solo se estaría viendo agravada en los últimos años, a raíz de las distintas intervenciones del mercado anunciadas por el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.
El fenómeno que estamos viendo recuerda lo sucedido en otros países europeos donde distintas medidas orientadas a restringir la libertad de mercado en el mercado del alquiler han tenido como efecto una fuerte reducción del parque de viviendas dedicadas a este propósito. Así ha ocurrido en Alemania, Francia o Suecia. También se ha observado un efecto similar en Cataluña, donde las limitaciones de precios han recortado significativamente la oferta de vivienda dedicada al alquiler en Barcelona.