La inflación cerró el pasado mes de octubre en el 7,3%. Para el gobierno, esto supone un avance, puesto que hablamos de una tasa inferior al 10,8% que se llegó a registrar en julio. Sin embargo, si revisamos los efectos estadísticos que inciden en esa supuesta relajación del aumento de los precios nos topamos con distintas circunstancias que ensombrecen la tendencia exhibida por el IPC y revelan un comportamiento mucho peor de lo que transmite el Ejecutivo.
El primer problema tiene que ver con la base a partir de la cual se estima dicho dato. El IPC mensual se calcula como el cambio interanual en el valor de los bienes y servicios incluidos en el estudio de referencia que elabora el INE. Por lo tanto, en octubre de 2022 nos estamos comparando con el mismo mes de 2021. Y, puesto que la crisis inflacionista empezó a coger fuerza el pasado año, el aumento del presente ejercicio resulta aparentemente menos intenso.
Más allá de la propaganda, los datos son claros. En octubre de 2021, el IPC subió un 1,8%, frente al -0,8% de 2020 o el 0,1% de 2019. Por tanto, la comparativa 2021-2022 juega a favor del gobierno, pero solo porque 2021 fue un año mucho peor que los anteriores y, por tanto, el porcentaje de aumento de 2021 a 2022 arroja un resultado algo menor.
Precisamente por eso, es importante establecer cálculos acumulados que estimen el impacto de la subida de precios a lo largo de periodos más amplios. Si hacemos este ejercicio, podemos comprobar que la inflación se ha disparado más de un 12% desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Desde este mismo enfoque, se puede estimar que la crisis inflacionista acabará teniendo un impacto agregado del 23%, en línea con los cálculos del Consejo General de Economistas.
"Reducción" no es lo mismo que "ralentización"
El segundo problema, que está relacionado con el primero, es la frecuente confusión en la que incurren políticos, periodistas y ciudadanos a la hora de diferenciar entre una "reducción" y una "ralentización". Si el IPC sube un 10% en 2022 y un 5% en 2023, podemos interpretar que, en efecto, se ha "reducido" un 50% el ritmo de aumento de los precios. Sin embargo, esto no significa que la inflación esté remitiendo. De hecho, si asignamos una base 100 al año 2021, los aumentos del 10% en 2022 y del 5% en 2023 significan que los precios treparían un 15,5% al final del periodo.
La única forma, pues, de revertir la subida de los precios pasaría por consolidar un escenario de deflación, con el IPC en tasas negativas y los precios reajustándose a los niveles de antaño. Esto podría lograrse si la política monetaria no fuese expansiva y si el gobierno dejase de generar inflación a base de expandir el gasto deficitario. De hecho, España ya vivió un fenómeno así de 2013 a 2015, puesto que el Banco Central Europeo contuvo la base monetaria y el Ejecutivo de nuestro país redujo el peso del presupuesto público sobre el PIB.
Los precios del mercado libre, fuera del IPC
El tercer aspecto que debe preocuparnos tiene que ver con la composición del IPC. De sobra es sabido que la energía es uno de los factores que explica el encarecimiento del coste de la vida. Pues bien, el cálculo mensual que hace el INE no incluye los precios de la luz contratada en el mercado libre, sino que solamente se hace eco de la tarifa regulada.
Esto ha contribuido a la relajación del IPC, pero las previsiones a medio plazo indican que seguiremos sufriendo una inflación elevada durante el resto de 2022 y buena parte de 2023. De hecho, el aumento de los precios proyectado de cara al próximo ejercicio (que ronda el 5%) llama la atención en clave europea por ser un nivel mayor al que esperan muchos de nuestros socios de la Eurozona.