El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, ha emitido dos nuevas sentencias condenatorias contra la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. El tribunal del Banco Mundial aprecia que las medidas adoptadas por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy entre 2010 y 2014 violaron el imperio de la ley y deben ser compensadas.
Según una sentencia del CIADI, la empresa Infracapital tiene derecho a recibir 24,9 millones de euros como indemnización por lo ocurrido. No será esta la única consecuencia del proceso: España también queda obligada a sufragar las costas judiciales en las que incurrió la compañía afectada para llevar adelante el proceso, así como a los intereses de demora que puedan darse en caso de que no se realicen los pagos pertinentes.
Precisamente este último punto es el que más preocupa a los abogados de Infracapital, habida cuenta de los más de veinte laudos condenatorios que el gobierno de España sigue sin acatar. Esta situación, que sitúa a nuestro país a la par con Venezuela o Rusia, ha desatado una oleada de medidas compensatorias por parte de las empresas afectadas, que pretenden resarcirse de los impagos a base de reclamar el embargo de bienes del Reino de España.
Además, el CIADI también ha emitido el laudo definitivo del ‘caso BayWa’, imponiendo a España la obligación de resarcir a la compañía por un monto de 22 millones, así como a la condena del pago de las costas judiciales del arbitraje y el pertinente abono de los intereses de demora.
Cabe recordar que, en suma, las obligaciones de pago que la Administración Sánchez sigue sin acatar ascienden ahora a 1.208 millones de euros, pero la estrategia de impagar estos laudos ha motivado un gasto adicional de 250 millones, derivado de la contratación de bufetes internacionales, el pago de condenas en costas o el desembolso asociado a la acumulación de intereses de demora.
Una incomprensible estrategia legal
La retirada de las primas observada de 2010 a 2014 desató un reguero de denuncias ante el CIADI. La Abogacía del Estado ha reducido el monto pendiente de las indemnizaciones, que originalmente se estimaron en 8.000 millones pero finalmente acabarán en el entorno de los 2.000 millones.
Sin embargo, el cínico cálculo coste-beneficio que esgrime la Administración choca con las nefastas consecuencias que ha tenido todo este asunto en materia de seguridad jurídica. Como muestra de ello, sirva el hecho de que la última subasta para la instalación de potencia renovable quedase desierta.
Por otro lado, la insistencia del gobierno en impagar los laudos ha causado asombro en las filas del Banco Mundial, puesto que España reconoció los procesos en todo momento, personándose en todos ellos e invirtiendo millones de euros en la contratación de prestigiosos equipos de juristas internacionales. Ante esta situación, sorprende la actitud de Moncloa, que insiste en impagar las obligaciones y deja a España en una posición lamentable a nivel internacional.
Sea como fuere, esta estrategia del gobierno ha movido a las empresas e inversores afectados a perseguir otra vía: a saber, el embargo y la incautación de todo tipo de activos del Reino en el extranjero. En este sentido, la justicia británica ha autorizado ya la intervención parcial de la indemnización de casi 1.000 millones por el hundimiento del Prestige y la incautación la sede del Instituto Cervantes en Londres. Además, la defensa también ha declarado cuatro bonos de deuda soberana en una situación de default técnico, una maniobra que puede perjudicar seriamente el acceso a financiación del Tesoro. Próximamente se esperan medidas similares en Australia.