El pasado 2 de agosta, el Tribunal Supremo británico autorizó el embargo cautelar de un edificio radicado en suelo londinense. El inmueble en cuestión está ubicado en el número 317 de la calle Portobello Road y sirve como sede del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, una escuela internacional con décadas de arraigo y cientos de alumnos.
Como explicó este diario, la incautación de dicho activo está vinculada a los impagos del gobierno de España, que se niega a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables, desoyendo de esta forma las sentencias que han emitido los organismos competentes, caso del CIADI o la Corte de la Haya.
En el caso concreto que están juzgando los tribunales, la deuda reconocida a la empresa Antin asciende a 120 millones de euros. Como dicha compensación sigue sin materializarse, la justicia ha dado su visto bueno al embargo de la citada propiedad. Sin embargo, las ramificaciones de lo que está pasando no acaban ahí.
Según ha podido saber Libre Mercado, el Instituto Cervantes también hace uso del citado edificio para impartir clases de español y ofrecer otros servicios, de modo que su actividad también se verá directamente afectada por esta decisión de la magistratura. Cabe recordar que la justicia británica autorizó el pasado mes de abril el embargo de la sede principal del Instituto Cervantes en Londres, una decisión que el gobierno español ha impugnado y que se está dirimiendo en la corte de apelaciones correspondiente. Dicha incautación se produjo en relación con la denuncia interpuesta por Blasket Renewable Investments.
Pero, además de poner en peligro la continuidad del Instituto Español Vicente Cañada Blanch y poner en jaque la operativa del Instituto Cervantes, la sentencia publicada el 2 de agosto también afecta a otras dos instituciones vinculadas al gobierno de España. La primera de ellas es la Universidad Española de Educación a Distancia o UNED, que usa el instituto para impartir algunos de sus exámenes presenciales. La segunda es el Centro de Mayores Miguel de Cervantes, que ocupa parte de la propiedad sita en el número 317 de la calle Portobello Road.
De modo que las consecuencias de los impagos siguen creciendo. No hay que olvidar que, a raíz del caso Blasket, también se han intervenido un edificio de la Generalidad de Cataluña y una cuenta bancaria de nuestro país en las islas británicas. De igual forma, el caso Antin también ha motivado el embargo del derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, congelando así un pago de 900 millones de euros.
Por otro lado, Blasket ha intervenido cuatro bonos de deuda española y los ha declarado en situación de impago técnico, una decisión que ya ha encarecido en un 12% las condiciones de financiación del Tesoro. Y, por si no fuese suficiente, la Corte Suprema australiana ha autorizado medidas similares, de modo que se espera la próxima incautación de activos como la filial de Navantia en el país oceánico. Próximamente pueden sucederse decisiones similares en Estados Unidos o Suiza.