El pasado mes de abril, las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables decidieron mover ficha contra el gobierno de España y pusieron en marcha un proceso de embargo de bienes y activos soberanos que también llevaba aparejada la intervención de cuatro títulos de deuda pública valorados en casi 1.000 millones de euros.
A renglón seguido, las compañías perjudicadas invocaron una cláusula que sitúa a España en situación de default técnico, al no haber abonado las indemnizaciones que han decretado los tribunales internacionales y que exigen el pago de 1.200 millones de euros a las más de 20 empresas que denunciaron a nuestro país y obtuvieron una resolución favorable por parte de los tribunales internacionales del Banco Mundial o La Haya.
Desde que se conoció la noticia de la intervención de dichos bonos, los costes de financiación del Tesoro no han parado de encarecerse. El pasado mes de julio, los mercados habían encarecido el acceso a crédito del gobierno de España en un 12%. Desde entonces, esta tendencia no ha hecho más que agravarse, con el consecuente golpe para las finanzas públicas.
Así, si en abril el Tesoro podía colocar letras a seis meses pagando un tipo de interés medio del 0,102%, estos mismos títulos salen al mercado en septiembre con un coste de financiación del 3,7%. Algo parecido sucede con las letras a doce meses, que han pasado de pagar tipos negativos del -0,029% en el momento del default técnico a soportar niveles del 3,679% en la primera subasta de septiembre. La financiación de estos títulos, pues, se ha multiplicado por cuarenta.
Una auténtica ‘tormenta’ institucional
A lo largo del verano, las empresas afectadas por los impagos han logrado importantes avances. Quizá lo más simbólico de todo ha sido la alerta enviada por Estados Unidos a empresas e inversores de todo el mundo. Así, el gobierno de Joe Biden ha incluido un aviso sobre los impagos a las renovables en la edición más reciente de su informe-país dedicado a España.
En paralelo, la justicia británica ha rechazado los reclamos de inmunidad esgrimidos por el gobierno de Sánchez y, además, ha autorizado el embargo de una escuela española en Londres como medida de compensación volcada en ayudar a las empresas afectadas. Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que investigará formalmente a España por lo ocurrido.