En la III Conferencia sobre Energía Renovable, Seguridad Jurídica e Inversión celebrada la pasada semana en un céntrico hotel de Madrid, el prestigioso jurista y académico holandés Nikos Lavranos tomó la palabra para enfatizar la necesidad de buscar una solución consensuada que ponga fin a la disputa entre España y los titulares de los laudos que condenan a nuestro país por la retirada de las primas renovables.
En su intervención, subrayó que "España quiere atraer inversión para descarbonizar su economía. Además, la guerra en curso en Ucrania nos obliga a tomarnos en serio la política energética. Sin inseguridad jurídica, España podría ser un "hub" energético para toda la Unión Europea, pero lograr ese salto implica dejar atrás la problemática de los laudos pendientes de pago".
Lavranos se refirió a la disposición de los afectados a negociar con el Ejecutivo español: "la buena noticia es que los titulares de los laudos están listos para sentarse a hablar con el gobierno y encontrar una solución consensuada que no solo permitiría poner fin al problema actual sino que, además, facilitaría la entrada de más inversión".
"Dicho con otras palabras, creo que estamos ante una oportunidad perfecta para que España hable con las empresas e inversores que están sufriendo esta circunstancia y busque un acuerdo satisfactorio. Esta no es una petición exótica, puesto que uno de cada tres arbitrajes presentados ante el CIADI se resuelven con un acuerdo o resultan en desistimiento por algún otro tipo de pacto entre las partes", apuntó.
En su Índice de Cumplimiento de Laudos Internacionales de 2023, Lavranos situó a España como el país con más condenas pendientes de pago. "Para salir de esta situación, el gobierno puede fijarse en otros países de la UE que han resuelto problemas parecidos. Por ejemplo, Alemania mantuvo una disputa con la compañía sueca Vattenfall, originada con el anuncio del fin de la energía nuclear en el país teutón. Las partes se sentaron a hablar y terminaron acordando una indemnización de 1.500 millones de dólares", apuntó.
"Hungría cumplió con los laudos de Sodexo y Edenred pagándolos. Croacia ha resuelto sus disputas con seis bancos. Eslovenia también viene de zanjar recientemente sus diferencias con una entidad financiera. Rumanía ha pagado el grueso de la compensación del caso Micula. En definitiva, hay muchos ejemplos en la UE que pueden servir para inspirar un acuerdo en el caso español", señaló.
Buen conocedor de la controversia generada por la negativa del gobierno español a abonar los laudos, Lavranos aseguró que "el grueso de los acreedores están dispuestos a encontrar una solución consensuada con España para terminar de una vez por todas las disputas de. Esto puede contemplar tres grandes avances: primero, el compromiso irrevocable de que no habrá más litigios; segundo, el pago de unos laudos que suponen un 80% menos del dinero originalmente reclamado al Reino; tercero, un posible compromiso de reinversión que certifique el regreso de muchos de los inversores afectados al mercado español, por ejemplo en proyectos verdes. Reunir esos tres componentes sería una buena solución porque todas las partes saldrían ganando".
Deudas... y embargos
Las deudas acumuladas en concepto de sentencias condenatorias ascienden a 1.562 millones, pero esta cifra no recoge otros 310 millones derivados de intereses de demora, condenas en costas y honorarios de consultores y abogados reclutados por el gobierno español. En total, las deudas por esta cuestión llegan a 1.870 millones.
Ante los impagos del Ejecutivo, las empresas afectadas han registro los laudos en Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Las medidas de compensación autorizadas por la justicia británica incluyen el embargo de la indemnización del Prestige, valorada en más de 900 millones de euros, así como la incautación de la sede del Instituto Cervantes, la Escuela Internacional Vicente Cañadas o una oficina de promoción económica de la Generalidad catalana.
Asimismo, la magistratura de las islas ha dado su visto bueno a seis embargos que afectan a cuentas bancarias del Reino de España. En paralelo, la Corte Suprema australiana ha dado plena cobertura a los denunciantes para que reclamen medidas similares, si así lo consideran oportuno, mientras que en Estados Unidos ya se han celebrado las primeras vistas orales de estos procedimientos. Además de todas estas actuaciones, las compañías afectadas han activado un procedimiento de default técnico que afecta a cuatro bonos de deuda pública española.