Más coto al propietario. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves el primer "índice de referencia" del Gobierno. Se trata de un indicador que pretende limitar la habitual actualización de rentas de los alquileres que la mayoría de propietarios e inquilinos pactan para cada año de contrato.
Estadística ha establecido este tope en el 2,20%. A partir de esta primera publicación, el índice de dos decimales variará cada mes. Como ya publicamos en Libre Mercado, la fórmula de este indicador incluye "el valor mínimo entre la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC), la tasa de variación anual del IPC subyacente y una tasa de variación anual media" que fija el Gobierno y "que incorpora dos parámetros definidos conjuntamente por la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía" explica el INE. Esos dos parámetros impedirán a los propietarios protegerse de la inflación: uno guardará "relación con el crecimiento esperado a largo plazo de dicho índice", y otro será "un coeficiente moderador de dichas diferencias" especifica el BOE.
Los tumbos del Gobierno para perjudicar al propietario
Cabe recordar que fue, precisamente, el Gobierno de Sánchez el que impuso en 2019 que los precios de los alquileres solo se pudieran actualizar con la inflación en lugar de seguir permitiendo que propietarios e inquilinos pactaran libremente (o con otros índices) las actualizaciones en los contratos de alquiler.
Entonces, el Ejecutivo tomó la decisión de vincular los alquileres al IPC debido a su afán para perjudicar a los caseros porque entonces el IPC apenas subía. Expertos de todas las áreas del sector inmobiliario criticaron de forma unánime esa traba a la libertad de mercado.
Sin embargo, cuando la inflación comenzó a desbocarse, la decisión del Gobierno atrapó a todos los inquilinos de España en el IPC. Ante esta situación, en 2022, el Gobierno dio un nuevo tumbo en materia inmobiliaria y limitó la subida de los alquileres al 2%. Esta medida, además de contribuir a empobrecer a los propietarios de los inmuebles en beneficio de los inquilinos, supuso otra intervención de precios de facto.
Desde entonces, el Ejecutivo ha ido prorrogando esta limitación en las actualizaciones de las rentas (en 2024, el tope era del 3%) hasta que ahora ha fulminado definitivamente el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta. Así, los contratos de alquiler que vayan a actualizar su renta a partir de 2025 y que hayan sido firmados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023, deberán usar ya este nuevo índice creado por el INE para revisar su anualidad. Según el Gobierno, el objetivo de esta medida es "evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento".
Los propietarios subirán los precios
Sin embargo, desde el sector inmobiliario advierten que la puesta en marcha de este índice tendrá perniciosos efectos sobre los precios de los alquileres, ya que los propietarios que firmen nuevos contratos elevarán el precio inicial para compensar la intervención estatal.
"La medida implica una pérdida de poder adquisitivo del propietario, que para evitarlo, subirá el precio al inicio del contrato para protegerse de la intervención de precios que tendrá que soportar en los próximos 5 años (los obligatorios para un contrato de alquiler). Así ha sucedido con las anteriores medidas" asegura a Libre Mercado, Lorenzo Colino, CEO de Renta Garantizada.
Colino lamenta "la demonización del propietario" que está promoviendo el Ejecutivo de Sánchez y avisa del hartazgo de los fondos de inversión especializados en el sector inmobiliario. "Medidas como este índice desincentivan la inversión en nuestro país porque golpea directamente contra la rentabilidad de estas empresas" asegura.
Colino también lamenta que el Gobierno haya prorrogado el decreto antidesahucios en 2025, lo que contribuye a aumentar la inseguridad jurídica y a favorecer la okupación. "Desde su entrada en vigor en 2020, justificándose en la pandemia, los plazos para desalojar a un okupa o inkiokupa han aumentando, y eso se traduce en que los propietarios son mucho más exigentes para elegir inquilino dejando fuera a los jóvenes, a los que menos ganan o a las familias. Es tremendo que hayan provocado que los propietarios descarten inquilinos con hijos menores de edad por miedo a que se declaren vulnerables y dejen de pagar" concluye.