Un año después de la aprobación de la Ley de Materias Primas Críticas, con el objetivo de "diversificar proveedores" e identificar recursos dentro de la propia UE, Bruselas ha anunciado el impulso a proyectos concretos en países socios en un contexto geopolítico que amenaza aún más las cadenas de suministro europeas.
Según explicó la pasada semana el vicepresidente de la Comisión para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, el Gobierno europeo tiene previsto anunciar proyectos en varios países de minerales estratégicos con el fin de reducir la dependencia de otras potencias. Se concretarán esta misma semana y quizás algún anuncio sirva para desencallar algún proyecto en España.
Nuestro país es uno de los de mayor variedad mineral de Europa y de hecho desarrolla una importante actividad minera con 2.600 explotaciones que en 2023 superaron los 3.571 millones de euros. Más de un tercio de esa actividad estuvo relacionada con productos de cantera pero desde 2010 ha ido creciendo paulatinamente la extracción de minerales metálicos (cobre, zinc, plomo, hierro…) e industriales (potasa o estroncio).
Los productos que están en el punto de mira europeo son las denominadas materias primas críticas en un proyecto que se enmarca en la búsqueda de una mayor autosuficiencia en Europa. Hace dos años, la UE estableció una lista de 34 materias primas fundamentales y dentro de estas, 17 materias primas estratégicas, indispensables para el desarrollo de la industria de las renovables, productos tecnológicos o defensa, y cuya demanda se espera que se dispare en el futuro. Otra de sus características es que hoy por hoy su producción no está diversificada y Europa depende de un puñado de países para su importación: algunos ejemplos son el borato (el 98 por ciento procede de Turquía), el magnesio (el 97% proviene de China), el cobalto (el 63% viene del Congo) o las tierras raras de las que tantas semanas viene hablando Donald Trump (prácticamente el 100 por cien procede de China).
España hoy explota ya algunas de estas materias primas fundamentales: es el segundo productor de mineral de cobre de la UE y también genera fluorita, feldespato, estroncio y wolframio. Además tiene yacimientos de litio, cobalto, tierras raras o silicio, eso sin contar la riqueza en recursos en el fondo marino como la estudiada en el archipiélago canario. Según explica el CSIC a partir de datos del IGME en una reciente publicación, hay además depósitos de antimonio, bario, bismuto o cobalto pero es posible que haya más. La razón, que hace años no se analizaba la existencia o viabilidad de determinados elementos porque no existía un interés industrial. Por otro lado, conocer las reservas existentes de un determinado mineral implica numerosos estudios, datos y permisos.
En el caso del estroncio, España es el único productor de la UE y uno de los pocos a escala mundial. Sin embargo, como ocurre en otros países europeos, la apertura de nuevos proyectos mineros relacionados con recursos críticos se ha encontrado a menudo con una férrea oposición política y social. Si bien en los últimos años se ha producido un resurgir de la minería en algunas regiones, como Andalucía, en otras importantes proyectos están sufriendo un rechazo que ha llegado a paralizarlos en los tribunales.
Uno de los casos más paradigmáticos ha sido el del niobio y tantalio, más conocido como coltán: en 2019, un proyecto minero con la colaboración del CSIC logró empezar a producir este valioso recurso en Galicia a partir de una vieja mina de estaño abandonada. Pese al apoyo del Gobierno y de los vecinos de la zona a un proyecto que permitía la extracción con garantías de un recurso imprescindible para aparatos tan cotidianos como los teléfonos móviles, ecologistas lograron parar la mina de Penouta en los tribunales acabando así, por el momento, con la que se había convertido en la única explotación de coltán de Europa.
Otro ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan estos proyectos son los intentos de extraer litio de los yacimientos extremeños, considerados de los más importantes de Europa. Hay sobre la mesa dos proyectos, en las inmediaciones de la ciudad de Cáceres y en el yacimiento de Las Navas.
El primero de ellos tiene enfrente una plataforma que ha intentado paralizar la mina en los tribunales. La última reformulación del proyecto contempla que sea totalmente subterránea pero mientras siguen a la espera de los permisos necesarios para acometerlo la oposición continúa. El de Cañaveral sí cuenta con el respaldo del entorno y continúa con la tramitación de unos permisos que implicarían en ambos casos levantar plantas para procesar el mineral.
En el lado opuesto está el wolframio, que ya se explota en España y que está a punto de abrir una nueva mina en Abenójar, Ciudad Real. Allí, la compañía PMC se prepara para empezar a producir en 2027 oro y wolframio en un proyecto pionero en Europa que esperan que cree 500 puestos de trabajo. El denominado proyecto El Moto, que se empezó a gestar en 2012, cuenta ya con todos los permisos necesarios para empezar la construcción y está "en la fase final de financiación", según explica la compañía a LD. El wolframio, el mineral "con mayor punto de fusión de la tabla periódica", es imprescindible "en la industria aeroespacial, de transporte o de defensa". Afirman que la mina "suministrará al menos el 20 por ciento del consumo europeo de este metal".
En este caso, la mina está contando con el enérgico apoyo de todas las administraciones implicadas, con el socialista Emiliano García Page a la cabeza, una actitud que contrasta con su empeño en obstaculizar otro proyecto que podría ser considerado "crítico", el de tierras raras también en Ciudad Real. Quantum Minería hizo un nuevo intento en 2022 solicitando un nuevo Proyecto de Investigación para definir las reservas e interés económico de la monacita gris presente en los términos municipales de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas. El objetivo, obtener neodimio, una de las "tierras raras" imprescindibles para usos tecnológicos, en particular para fabricar imanes presentes en todo tipo de aparatos. Según confirma la empresa a LD, todavía no tienen "respuesta por parte de la Junta de Castilla-La Mancha" mientras se enfrentan a una feroz oposición local encabezada por la plataforma Sí a la Tierra Viva.
El sector vive con especial estupor la oposición a una petición que en cualquier caso aún no supone explotación alguna mientras sostienen que la mina no implicaría un gran impacto al tratarse de un mineral que está sobre la superficie. Achacan la dispar predisposición política ante este y el otro proyecto a la oposición social.
Una situación similar se vivió hace unos meses en otra de las zonas de España que podría tener tierras raras, Canarias: allí, investigadores de las Universidades de La Laguna y Las Palmas constataron la existencia en Tenerife de concentraciones "interesantes" pero la mera petición de una empresa también canaria de investigar si en efecto existían y su posible viabilidad económica desató una oleada de protestas que desembocó en el portazo de las administraciones para asombro de los investigadores, que defienden la necesidad, al menos, de "saber lo que se tiene".
Caso aparte es el del uranio, cuya búsqueda y explotación quedó prohibida por ley en 2021 con la aprobación de la Ley de Cambio Climático en medio de los intentos de la empresa Berkeley de abrir una mina y una planta de procesado en Salamanca. El conflicto con la administración podría desembocar en un proceso internacional millonario.
El plan de Transición Ecológica
Mientras la UE presiona para que los países europeos reactiven su minería de recursos estratégicos y las empresas se topan con múltiples obstáculos, el Ministerio de Teresa Ribera aprobó hace sólo unos días el denominado Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029 que contempla entre otras cosas un programa de exploración e identificación de recursos, una actualización de la normativa y una mejora de la restauración de minas cerradas, dotado por el momento con 400 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El plan, aún en fase de audiencia pública, pretende ser aprobado a lo largo de este año y busca, según el Ministerio, reducir dependencias del exterior "aprovechando los recursos existentes y sabiendo qué es lo que tenemos en España para aprovechar al máximo posible".
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