Sumar publicó hace unos días los documentos "base" a partir de los cuales sus simpatizantes pueden hacer sus propuestas. En esta especie de "preprograma" electoral, destaca el apartado dedicado a Vivienda elaborado por el gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Burón, a partir del proceso de "escucha" de la plataforma de Yolanda Díaz.
El proyecto de Sumar proclama que su objetivo es desarrollar "un servicio público de vivienda y una normativa que evite la especulación, proteja a los residentes y garantice la función social de la propiedad". "Una política de vivienda orientada al interés general debe garantizar la existencia de salario mínimo y alquiler máximo", señala en una de sus páginas el documento, que incluye, entre otras, estas ideas:
Contratos "indefinidos"
El documento de Sumar propone "programas de vivienda para población mayor" que incluyen un "contrato de seguro que otorgue el derecho al uso de la vivienda de forma vitalicia". En cuanto a los contratos en general, el texto propone "limitar los contratos de corta duración y aumentar la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda".
El objetivo, afirma, es que "la mayoría de contratos sean de carácter indefinido, con causas de resolución excepcional para proteger a la persona propietaria". El sistema recuerda a la "renta antigua" del franquismo: alquileres firmados en la década de los 50, 60 y 70 con una duración indefinida que incluso podían pasar a cónyuges e hijos y que experimentaban mínimas subidas.
Más impuestos para el propietario
El documento apuesta por "reorientar la fiscalidad de la vivienda, favoreciendo la vivienda en uso, la vivienda protegida, el alquiler a largo plazo y la rehabilitación con eficiencia energética". A los propietarios que no cumplan las condiciones del Gobierno, le esperan subidas de impuestos:
- IBI: habrá que demostrar que la vivienda no está vacía. Sumar apuesta por "crear la obligación de incluir el uso de la vivienda en el proceso de cobro del impuesto del IBI y cobrar por defecto y a falta de declaración y prueba del administrado el más caro (permitiendo que el recargo sea mayor que el 150 % actual) de vivienda vacía". Además, propone crear "diferencias significativas" en el IBI "en función del uso de la vivienda": "residencia principal y secundaria; alquiler a largo y corto plazo; vivienda vacía y en uso; vivienda protegida de alquiler y de mercado; vivienda de nueva construcción y rehabilitacion y de vivienda ya existente·.
- IRPF: las actuales deducciones por alquilar una vivienda, que ya sufren un hachazo en la nueva Ley de Vivienda, podrían desaparecer si saliera adelante la propuesta de Sumar. El documento apuesta por "limitar las deducciones en el IRPF, además de las que se puedan dar para fomentar la rehabilitación, solo a aquellos particulares que dediquen viviendas al alquiler a precio de vivienda protegida y contratos de alquiler de larga duración".
Prohibiciones y límites
- Prohibido comprar: Sumar propone "explorar la limitación de comprar vivienda si no es para residir en ella" en "ciertas zonas del territorio donde el mercado esté excesivamente tensionado o no haya espacio para el crecimiento de la vivienda. Alegan que esto ya ocurre "en algunos lugares de la UE".
- El Gobierno marca el precio: "excepcionalmente en el tiempo y el espacio", Sumar apuesta por "controlar y limitar los precios de alquiler en zonas de mercado tensionado para evitar escaladas descontroladas de precio y aliviar la carga que representa para las familias inquilinas, así como a un funcionamiento equilibrado del mercado".
- Euríbor: el documento de la plataforma de Yolanda Díaz pide "dificultar el tipo de interés variable" en las hipotecas y "estabilizar el mercado de compraventa mediante hipotecas con intereses de tipo fijo.
- Mascotas siempre: la plataforma propone cambios legales para "evitar que se pueda prohibir en los contratos de alquiler de vivienda urbana tener mascotas y animales domésticos de compañía". Apunta que se hará "garantizando el estado de conservación de la vivienda" y señala que "la propiedad podrá exigir la contratación" de seguros.
- Limitar "los alojamientos turísticos y otras formas de uso de corto plazo y alta rotación de viviendas".
Alquiler "social" y dificultades a los desahucios:
La plataforma propone prohibir que se produzca "el desalojo de una familia en situación de vulnerabilidad por parte de los grandes tenedores de vivienda, debiendo ofrecerles obligatoriamente un alquiler social", estableciendo por ley algo que ya se produce de facto.
También apuesta por "facilitar el acceso a la vivienda a las personas en situación administrativa irregular", sin ahondar en la propuesta.
Coto a los grandes propietarios
En cuanto a los grandes propietarios, o "grandes tenedores", según la nueva terminología de la izquierda, el partido de Yolanda Díaz apuesta por "suprimir cualquier beneficio fiscal para cualquier sociedad o particular dedicada a la gestión de bienes inmobiliarios que posea más de 100 viviendas, salvo que se destine un porcentaje al alquiler social y asequible". "El porcentaje mínimo", señala, "será de un 25 % de viviendas alquiladas al precio y en las condiciones de la VPO de régimen general vigente en cada comunidad autónoma".
La administración también vigilará las compras: la plataforma propone "someter a autorización administrativa y derecho de tanteo y retracto las grandes compras de vivienda para que destinen un porcentaje al alquiler estable y asequible". "A los efectos de esta autorización", apunta, "se considerará gran compra la que supere las 100 viviendas realizadas por el mismo grupo de empresas o empresas participadas en el plazo de cinco años".
Las casas y los "límites del planeta"
El documento sobre la Vivienda también se sustenta sobre la doctrina ecologista que impregna todas las propuestas de Yolanda Díaz. Ante este "contexto global de emergencia climática y de incremento de las desigualdades", Sumar apuesta por "reducir la huella ecológica del sector de la edificación y de las viviendas existentes" en consonancia con las propuestas de la UE. "La garantía del derecho a la vivienda no debe chocar con los límites del planeta", apunta.
Como objetivos, propone entre otras cosas instalar energías renovables e intervenir "la envolvente térmica de 1.200.000 viviendas en diez años".