La política económica y la gestión del gobierno de Pedro Sánchez ha recibido un duro correctivo en la última edición del Índice de Competitividad que elabora la escuela de negocios suiza IMD a partir de una macro-encuesta distribuida entre miles de empresarios y directivos. De acuerdo con los resultados de la investigación, nuestro país ya está fuera del "top 50" en lo referido a la eficiencia del gobierno.
De entrada, la clasificación general que recibe España invita a una cierta preocupación, ya que somos la 15ª economía más grande del mundo pero figuramos en un mediocre puesto 36 del ranking general. Este resultado sería mucho mejor si se analizasen simplemente algunos aspectos que trascienden la gestión de Sánchez, caso de la dotación de infraestructuras, el patrimonio medioambiental o el dinamismo empresarial.
Sin embargo, una vez se toma en consideración el manejo económico del Ejecutivo, la puntuación de España sale mucho peor parada. De entrada, en la evaluación general referida a la "eficiencia del gobierno", España se deja 11 puestos desde el año 2018 y aparece relegada al puesto 51 de la clasificación que elabora IMD.
Dentro de esta categoría nos topamos con evaluaciones referidas al cuidado de las finanzas públicas (puesto 58), la política fiscal (puesto 57), el marco institucional (puesto 43) o la regulación empresarial (puesto 51). También salimos mal parados en lo tocante a los trámites para crear una empresa (puesto 61), la fiscalidad personal (puesto 59) o la regulación del mercado de trabajo (puesto 57).
Los cerca de 6.000 empresarios y directivos que han completado la encuesta de IMD mencionan como aspectos positivos para invertir en España la preparación de nuestro capital humano (65%), la calidad de las infraestructuras (64%), la actitud abierta y positiva de la ciudadanía (51%) o la posibilidad de competir vía costes con otras economías más desarrolladas (47%).
Por el contrario, cuando se pregunta por cuestiones directamente vinculadas a la gestión del actual gobierno, los porcentajes de respaldo a la acción del Ejecutivo son ínfimos. Así, apenas un 4,5% considera que el grado de eficiencia pública es atractivo, mientras que el aplauso cosechado por nuestro sistema fiscal apenas llega al 8%.
En línea con anteriores informes
Las consideraciones reflejadas en la encuesta de IMD no pueden coger a nadie por sorpresa. Si hablamos, por ejemplo, del cuidado de las finanzas públicas, encontramos que la deuda del Tesoro ha subido más de 300.000 millones de euros bajo mandato de Pedro Sánchez. En la misma línea, si nos centramos en la política fiscal, lo cierto es que el actual gobierno ha subido más de 50 veces los impuestos. Ocurre algo parecido con el marco institucional, que se ha convertido en sinónimo de opacidad (más de 1.200 incumplimientos de la Ley de Transparencia) e inseguridad jurídica (coronada por la salida de Ferrovial y los impagos a las renovables).
Tampoco hay muchas luces en el terreno de la regulación empresarial, donde el sector privado enfrenta un tsunami de normativas y prohibiciones, o en los trámites requeridos para crear una empresa. Asimismo, la fiscalidad personal se lleva la mitad del ingreso bruto percibido por los trabajadores de nivel medio, mientras que la legislación laboral sigue caracterizada por una insoportable rigidez, con más de 7.000 normas en vigor.